Santiago — El cronograma de reformas estructurales planteadas por el presidente Gabriel Boric está sufriendo algunos ajustes a medida que aumenta la tensión política por un caso de posible tráfico de influencias y corrupción llamado “Convenios” que involucra a Democracia Viva, una fundación –representada legalmente por un exmilitante del partido Revolución Democrática (RD) y expareja de una diputada oficialista, Catalina Pérez– que recibió 426 millones de pesos (US$514.000) desde la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda por trabajos de consultoría para mejorar las condiciones en barrios marginales en el norte de Chile a pesar de no contar con experiencia en esa área.
Este lunes, el Gobierno anunció que no renovará, transitoriamente, la suma urgencia en la discusión legislativa del proyecto que reforma el sistema de pensiones en Chile, que tiene vigencia hasta este jueves. Según un comunicado del Ministerio del Trabajo, la decisión tiene como finalidad “dar espacio a un acuerdo político amplio”, en el contexto de desarrollo de la mesa técnica convocada por el Ejecutivo para llegar a consensos con distintos sectores políticos. También evaluarán en las próximas semanas si le colocarán nuevamente la calificación de suma urgencia a la reforma previsional.
El camino para alcanzar acuerdos se estrechó más cuando una parte de la derecha chilena pidió la destitución de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde una dependencia de su cartera hace cinco días. El delito fue dirigido por un prisionero que simuló la voz del Jackson para pedir, mediante una llamada telefónica, a funcionarios de seguridad que dejaran entrar a oficinas del ministerio a un supuesto sobrino y otros sujetos para sacar las notebooks y luego fumigar.
En el marco de las investigaciones por del caso “Convenios”, el robo de los ordenadores desencadenó todo tipo de especulaciones y muchas recayeron sobre la figura de Jackson, líder de RD y amigo personal de Boric.
El partido UDI envió una dura carta al jefe de Estado cuando se encontraba de gira por Europa, que fue tildada como “calumniosa e injuriosa” por el Gobierno. También decidió restarse de los diálogos para la reforma del sistema previsional hasta que Jackson presente su renuncia.
Aunque la policía ya halló los ordenadores y detuvo a algunos responsables, la tensión política continúa en un punto elevado. El presidente Boric condenó la actitud de los opositores: “Es inaceptable que sectores de la política chilena pretendan decir: ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que exigimos hacer con su gabinete’. ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses, tenemos que llegar a un acuerdo en pensiones”.
También varios sectores de la derecha están en desacuerdo con condicionar el diálogo para avanzar en una reforma de pensiones. “Una cosa no tiene que ver con a otra y si bien tenemos una distancia evidente con el Gobierno, creemos que es nuestro deber llegar a un acuerdo en materia de pensiones lo antes posible”, dijo el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada del partido Renovación Nacional (RN), quien un día antes sugirió al Ejecutivo presentar un proyecto más acotado.
Con un argumento distinto, los parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, decidieron que sus representantes políticos no participarán activamente en la mesa técnica por la reforma de pensiones. Argumentaron desacuerdos con las ideas del Gobierno y descartaron cualquier intento por buscar la salida de Jackson.
El diputado republicano Benjamín Moreno explicó, en una conferencia de prensa, que mantendrán a dos técnicos en la mesa para conocer de primera fuente los planteamientos y añadió que la reforma es “necesaria”. Pero precisó que “hay que discutirla en términos técnicos y profundos, con todos los datos encima de la mesa, datos que, por lo demás, no han sido capaces de entregar”.
Expectativa por el pacto fiscal
Cada apoyo en el Congreso es determinante para la administración de Boric en su intento de sacar adelante su agenda, ya que carece de mayoría parlamentaria. Aunque el mandatario no está involucrado en ningún delito, la trama de posible fraude al fisco y tráfico de influencias detrás de la fundación Democracia Viva salpica a la coalición oficialista Frente Amplio y repercute en la agenda gubernamental.
También el pacto fiscal está enfrentándose a dificultades tras el caso “Convenios”, revelado por un diario local hace un mes. Boric se comprometió a presentar una nueva iniciativa ante el Senado a fines de julio, pero hasta ahora el consenso en torno a un pacto fiscal no está claro.
El jueves, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo en una entrevista con Tele13 radio que se necesita “más tiempo para hacer propuestas serias, pero el plazo está muy acotado” y no veía su cumplimiento factible. Pero Mario Marcel, ministro de Hacienda, desestimó la petición del líder gremial y dijo que habrá “espacio para seguir enriqueciendo algunas propuestas”.
Hacienda presentó una serie de medidas a empresarios que modifican la propuesta inicial presentada en un proyecto de ley de reforma tributaria, que fue rechazado por la Cámara Baja en marzo y proponía originalmente un impuesto a la riqueza.
Pero aún es incierto si conseguirá suficientes respaldos en el actual contexto. El senador opositor José García Ruminot dijo a Reuters que el Gobierno necesitará que el Senado habilite la iniciativa aprobándola por dos tercios (33 de 50 legisladores), pero esos votos no están hoy. Su sugerencia es que el proyecto sea presentado nuevamente en la Cámara de Diputados en marzo de 2024 (fecha en que lo puede volver a ingresar en esa instancia); lo que no ha sido descartado por el Gobierno.
Sin embargo, Boric, electo con una votación récord en diciembre de 2021, se encuentra en su segundo año de mandato y ya lleva a cuestas algunas derrotas legislativas y políticas.
(Nota actualizada el martes, 25 de julio, a las 12:15 am de Santiago, con la incorporación en los párrafos 8vo y 9vo de la salida de los representantes políticos del Partido Republicano de la mesa técnica para acordar una reforma de pensiones).