Santiago — El proceso constituyente en Chile está a pocas semanas de enfrentar su prueba final: el plebiscito. Según un sondeo reciente de la firma Cadem, un 38% de los encuestados estaría “a favor” de una nueva Constitución frente a cerca de un 46% en contra, y un 16% permanece indeciso.
Desde el Gobierno ya descartaron insistir en caso de ser rechazado el nuevo texto, mientras el oficialismo desaprueba el borrador de Constitución y la oposición invita a votar a favor.
Aunque cualquier resultado es posible este 17 de diciembre, los inversionistas y analistas parecieran menos nerviosos respecto al primer proceso concluido en 2022.
En Fitch Ratings esperan que el proceso constituyente no se traduzca en grandes cambios. Todd Martínez, director senior en el grupo de soberanos de la agencia de calificación, dijo a Bloomberg Línea que, en Chile, de momento, ha prevalecido el statu quo, descartando en este sentido escenarios negativos.
Comparado con el primer proceso constituyente, el actual pareciera estar inyectando una menor incertidumbre en el mercado local. Esto tendría su razón en que no se hicieron “cambios tan fundamentales como en el proceso anterior”, según Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de los Andes y doctor en Finanzas.
Sin embargo, el riesgo país de Chile se elevó en octubre a 149 puntos base de acuerdo con el Emerging Markets Bond Index (EMBI) desarrollado por JPMorgan Chase, siendo el mayor nivel desde marzo. Pero este puntaje aún no supera los 201 pb anotados en octubre de 2022, un mes después del plebiscito del 4 de septiembre, cuando continuó la incertidumbre por lo que sucedería tras el rechazo del proyecto de Constitución redactado por la Convención.
La reciente alza del riesgo país podría deberse a varios factores. El índice de incertidumbre política económica (EPU), elaborado por Clapes UC, aumentó un 49% en octubre respecto al mes anterior, aunque se situó 15% por debajo del nivel marcado el mismo mes de 2022. Según el informe, entre las fuentes de inquietud política económica destacaron el proceso constitucional y, en menor grado, una depreciación del peso chileno y las elecciones presidenciales de Argentina.
Aunque en menor grado que el primer proceso constitucional, la incertidumbre aún prevalece y sería uno de los factores que afecta a la inversión en la nación sudamericana. Según la encuesta CFA Society Chile/UAI Asset Management Survey, realizada en octubre por CFA Society Chile junto con la Universidad Adolfo Ibáñez, el nuevo proceso constituyente es visto como la cuarta principal preocupación en términos de riesgos de cola (tail risk) para los activos de inversión local. Meses atrás este mismo sondeo lo ubicaba en el primer lugar, ahora es desplazado por los riesgos geopolíticos (27%), la persistencia de la inflación mundial (20%) y las reformas tributarias y de pensiones (17%).
El proceso constituyente es, junto con las discusiones de la reforma de pensiones y ahora de un pacto fiscal, uno de los flancos abiertos en el país. Sin embargo, la nueva propuesta de Carta Magna pareciera ser mejor recibida desde el mundo gerencial o, al menos, eso señala un sondeo de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, que indicó que un 60,8% de empresarios consultados se inclinaron “a favor” del texto que se someterá a referéndum en un par de semanas.
Demandas no resueltas
Las causas que originaron una revuelta social el 18 de octubre de 2019, que aparentemente no estarían encontrando soluciones, y los actuales bloqueos legislativos a reformas sociales están planteando desafíos. “Se hace difícil imaginar reformas que, realmente, puedan ayudar a Chile a lograr un mayor crecimiento. Eso significa un periodo de incertidumbre y descontento social, que puede seguir lastrando la confianza”, dijo Martínez.
Standard and Poor’s mantuvo la clasificación de riesgo de Chile en “A”, pero redujo su perspectiva a largo plazo desde estable a negativa debido a un debilitamiento de los consensos políticos en aspectos clave de la agenda política y económica. Para la agencia el proceso constituyente ha acentuado la polarización política y demorado la aprobación de leyes relevantes, un texto que además es percibido como “más derechista” que la actual Constitución y que no tiene el total respaldo de los partidos que dominan el Consejo Constitucional, lo que elevaría el “riesgo de ser rechazado”.
Desde que el izquierdista Gabriel Boric asumió como presidente de Chile, el 11 de marzo de 2022, no ha podido sacar adelante su reforma de pensiones y concretar un pacto fiscal, proyectos que actualmente están en búsqueda de consensos políticos para avanzar en el Congreso. Uno de los mayores golpes para sus planes fue el rechazo de la propuesta de Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, luego de ello siguió el portazo a su proyecto de reforma tributaria en un primer intento en el Parlamento.
Pero las posiciones han cambiado y, ahora, el oficialismo apuesta al rechazo de la propuesta redactada por consejeros de derecha por considerarla más conservadora que la Constitución vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet, hace más de 40 años. También el orden de las demandas de los chilenos pareciera haberse modificado.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), lanzada a finales de julio, apunta a que los chilenos consideran que los tres principales problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno son delincuencia (54%), salud (41%) y pensiones (27%). En contraste, une versión de este estudio de diciembre de 2019, en plenas revuelta social, enumeraba como los tres principales problemas a las pensiones (64%), salud (46%) y educación (38%).
“El proceso constituyente fue una salida institucional para encausar las demandas de las personas. La gente buscaba mejores pensiones, salud, educación y una cierta percepción de injusticia social. Pues, ahora la prioridad ha pasado a ser la seguridad, pero eso no significa que las otras demandas se hayan cumplido. Salvo la pensión garantizada universal y alguna reforma menor, no ha existido una respuesta a las demandas. El estado de la economía tampoco ha ayudado en ese sentido”, explicó Mella.
