Bloomberg — Gabriel Boric marcó un hito al convertirse en el jefe de Estado que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de Chile. Solo dos años después, las encuestas muestran que los electores están dispuestos a distanciarse de la coalición izquierdista de su presidente y respaldar a la derecha conservadora.
Ese drástico cambio en el sentir de la población es evidente en localidades como Putaendo, una ciudad rural de 17.000 habitantes ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Santiago. En dicha localidad —que históricamente ha sido un bastión de la izquierda—, sus residentes respaldaron abrumadoramente a Boric contra su rival conservador, José Antonio Kast, en 2021.
Katherine Astudillo, de 28 años y madre de tres hijos, fue uno de ellos. Tenía esperanzas en las promesas de Boric de luchar contra la desigualdad y redistribuir la riqueza, pero nada de eso se ha cumplido en su ciudad: Putaendo tiene escasez de empleos y en algunas partes todavía carece de acceso a servicios básicos, como el agua potable. Astudillo dice que arrienda habitaciones en su casa y trabaja como temporera en el sector frutícola para llegar a fin de mes. Para colmo, dijo que cada vez está más preocupada por la ley y el orden público.
“Yo estoy arrepentida por haber votado por Boric”, dijo Astudillo. “La delincuencia ha aumentado mucho”.
Esa frustración influirá en la forma en que los chilenos voten el 17 de diciembre en el segundo plebiscito constitucional del país en igual número de años. Una propuesta de izquierda fracasó en 2022 y el texto actual, más conservador, tampoco ha cohesionado a los votantes impacientes y enojados. En términos más generales, los partidos no han logrado encontrar puntos en común para abordar problemas de larga data, como la desigualdad; ni desafíos más nuevos, como la inmigración. Parece que la desilusión de los votantes persistirá independientemente del resultado del domingo, lo que dejará la puerta abierta para cambios en las próximas elecciones.
“Kast va a ganar”, dijo Astudillo cuando se le preguntó sobre las próximas elecciones presidenciales de 2025. “La gente no quiere otro Gobierno de izquierda”.
Todo eso ayudó al Partido Republicano de Kast a atraer más simpatizantes entre la hastiada población de Putaendo. Los candidatos de su partido obtuvieron el mayor número de votos en la ciudad, con 36,8%, en las elecciones de los miembros del Consejo Constitucional que reescribiría la Carta Magna, según datos del Servicio Electoral de Chile. Ese porcentaje supera el 35,4% que obtuvieron a nivel nacional.
“Hay una desesperación de un grupo importante de chilenos y chilenas que está buscando que alguien le resuelva sus problemas”, dijo Axel Callís, director de la encuestadora Tuinfluyes.com. “Ésta es una democracia que no traduce las demandas de las personas en políticas públicas. Entonces en todo este cuadro hay personas que pasan de ir de un lado al otro extremo y pueden pasar a otra alternativa distinta”.
Estos vaivenes hacen que sea aún más difícil gobernar, y están ocurriendo en todas partes. En 2022, Colombia eligió a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del país. Sin embargo, su popularidad se ha desplomado y sus reformas económicas están estancadas. En Argentina, los votantes optaron el mes pasado por un cambio radical al elegir al outsider libertario Javier Milei, quien prometió distanciarse de las políticas del movimiento peronista y solucionar los problemas de una inflación vertiginosa y una economía en colapso.
Todo esto es una señal de una mayor polarización y del debilitamiento de la política centrista y moderada. Analistas de S&P Global Ratings advirtieron en octubre que eso podría conducir a una rebaja en la calificación crediticia soberana de Chile, aunque Fitch Ratings Inc. reafirmó esta semana su perspectiva para el país. Además, el crecimiento económico será cercano a cero este año y el desempleo es alto.
“Chile es un país que dice algo sobre América Latina”, dijo Michael Shifter, miembro de Diálogo Interamericano y profesor de política latinoamericana en la Universidad de Georgetown. “Chile fue el país que siempre se destacó porque su clase política supo llegar a acuerdos. Y lo que el período Boric ha demostrado hasta ahora es que el país es incapaz de hacerlo”.
“Perderlo todo”
Los cambios en Chile han sido vertiginosos.
Hace poco más de un año, Boric avanzó con planes para convertir al país en “la tumba del neoliberalismo”. Se pronunció a favor de un proyecto de Constitución que proponía, entre otras cosas, la paridad de género en las instituciones públicas, un sistema de justicia paralelo para las comunidades indígenas y una mayor protección para los glaciares. Más del 60% de la población votó en contra.
Boric tuvo que rápidamente moderar su impulso reformista inicial, el cual no estaba en línea con las mayores preocupaciones de la población como el aumento de los homicidios, los secuestros, la inmigración y la delincuencia transfronteriza. Su Gobierno ahora propone el mayor aumento presupuestario para seguridad pública en ocho años, y promete repetidamente perseguir a los criminales y expulsar a los inmigrantes indocumentados.
“Lo tenían todo y lo perdieron todo”, dijo en un discurso en noviembre José De Gregorio, expresidente del banco central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. “Terminaron haciendo un Gobierno con bases similares a los que tanto criticaron”.
Ahora, las encuestas nacionales muestran consistentemente que tanto Kast como Evelyn Matthei —una experimentada política del partido derechista Unión Demócrata Independiente— son los principales contendientes en las elecciones presidenciales de 2025. Boric está impedido de postular a un segundo mandato consecutivo y los posibles candidatos de su gabinete ―como la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera, Camila Vallejo― están mucho más atrás en las encuestas. Antes de eso, las elecciones municipales del próximo año servirán como prueba de fuego para determinar la fortaleza de la coalición.
“Parte del surgimiento de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast es por los temas que ellos han planteado desde hace tiempo”, dijo Cristóbal Huneeus, socio y director de data science de la empresa de análisis de datos Unholster. “Hay un giro del país hacia sus preocupaciones principales”.
El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, coincide en que la derecha ha comprendido mejor los temores sobre la seguridad pública. El número de extranjeros que residen en Chile se duplicó entre 2017 y 2021 según datos del Gobierno, y la migración se ha visto impulsada por flujos a gran escala de trabajadores indocumentados que huyen de la pobreza en países como Venezuela. Las encuestas muestran que muchos chilenos vinculan la llegada de extranjeros con el aumento de la delincuencia.
Aun así, se espera que el nuevo proyecto constitucional liderado por miembros de partidos de derecha fracase en el plebiscito de este fin de semana. La propuesta, que es criticada por su carácter divisivo, incluye propuestas para “proteger la vida de quien está por nacer”, lo que podría restringir aún más el limitado derecho al aborto, así como artículos que eliminarían ciertos impuestos a la propiedad y garantizarían la deportación de inmigrantes indocumentados tan rápidamente como sea posible.
El rechazo de la propuesta constitucional exacerbaría el pesimismo rampante: solo el 22% de los votantes son optimistas sobre el futuro de Chile, según la encuesta de opinión pública Cadem publicada en noviembre. Se trata del nivel más bajo registrado desde que la empresa empezó a hacer esa pregunta en 2015.
“Esto significaría que la actual Constitución de la era de Pinochet seguiría vigente, lo que, a su vez, aumentaría el riesgo de un renovado descontento público y protestas en el futuro”, según Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes de Capital Economics.
Disputas políticas
En Putaendo, la desigualdad está a la vista. A pesar de años de crecimiento económico, mayor esperanza de vida y reducciones de la pobreza, Chile tiene una de las mayores brechas entre ricos y pobres entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Margarita Jamets, quien ha vivido en Putaendo desde hace casi tres décadas, ha estado involucrada en una ardua batalla para proteger un canal de regadío del que ella y otros dependen. Ella trabaja proporcionando servicios de limpieza a una organización no gubernamental pero su contrato expirará este mes. Genera ingresos adicionales gracias a los árboles frutales que cultiva en su propiedad y riega con agua del canal. Afirma que los pequeños agricultores de la región han tenido que luchar para evitar que se vendan las fuentes de agua a empresas más grandes.
“Uno prácticamente tiene que salir y mendigar para pedir ayuda”, dijo. Ella y sus vecinos han recurrido a protestas para que se escuchen sus necesidades.
En medio de las críticas, el Gobierno de Boric ha logrado algunos avances al tender puentes con la oposición. Este año, consiguió la aprobación de un proyecto de ley que acortará la semana laboral gradualmente de 45 a 40 horas, y de una ley para subir los impuestos a los productores de cobre para financiar programas públicos.
A su vez, el Gobierno ha recortado el gasto para fortalecer las cuentas públicas y controlar el alza en los precios, lo que le ha ganado algunos elogios de inversionistas. La inflación ha disminuido del 14,1%, un máximo de tres décadas, al 4,8% actual. La inversión extranjera directa está aumentando a medida que el Gobierno atrae negocios hacia nuevas industrias, como el litio.
Los empresarios respiraron aliviados el año pasado tras el rechazo de la Constitución propuesta el año pasado, pero todavía están ansiosas por poner fin definitivamente a la incertidumbre sobre las leyes básicas del país. La inversión total en Chile ha disminuido anualmente durante tres de los últimos cuatro trimestres, según datos del banco central, mientras que la confianza empresarial se mantiene en niveles históricamente bajos.
“Voto de castigo”
El estado de ánimo en Chile es incluso peor que a finales de 2019, cuando protestas por el aumento de los precios del metro llevaron a los disturbios más violentos que el país haya experimentado en una generación. Esa agitación originó la iniciativa de reescribir las leyes básicas de Chile, lo que incrementó la incertidumbre y puso en peligro la reputación de estabilidad y facilidad para hacer negocios del país.
La actual inestabilidad ha pesado sobre los activos chilenos. El peso se ha debilitado un 16% desde que comenzaron los disturbios sociales en 2019, el peor desempeño entre todas las monedas latinoamericanas después del peso argentino. En el mismo período, el índice MSCI Chile ha caído un 22%, frente a una baja del 5,3% del índice MSCI Latin America.
Un viernes por la tarde en la plaza de armas de Putaendo, los clientes llegan de forma esporádica al puesto de Bernardita Lepe, donde vende snacks y bebidas. Amable y directa, Lepe dice que su trabajo le da una buena mirada de los vaivenes de la ciudad, y no se anda con rodeos cuando se trata de política.
En un arranque de frustración, afirma que “se hicieron tonteras” en la reescritura constitucional del año pasado y que decepcionó profundamente a los votantes. Critica al Gobierno de Boric por no cumplir sus promesas de mejorar los niveles de vida.
Mientras trabaja para llegar a fin de mes, Lepe dice estar cansada de pagar impuestos sin ver que se traduzcan en mejoras para la ciudad.
“El pueblo está cansado y está harto”, dijo Lepe. “Toda la gente está haciendo un cambio. Es un voto de castigo”.
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