El modelo de jubilaciones chileno, que comprende una pensión social de vejez casi universal, un sistema de capitalización obligatorio de gestión privada y un marco de cotizaciones voluntarias, es considerado uno de los más sólidos de Latinoamérica en los más recientes rankings globales sobre pensiones, pero detrás también se esconden desafíos como la inequidad, sostenibilidad y el impacto de la informalidad.
“Tanto Chile como Colombia tienen participación del sector público con un sistema de beneficio definido y del sector privado con un sistema de contribución definida. A diferencia de estos, Argentina mantiene una mayor dependencia de la pensión pública de su sistema de jubilación mandatorio actual”, dijo a Bloomberg Línea la líder del negocio Wealth para la Región Andina, Centro América y El Caribe en la firma de servicios profesionales Mercer, Mayra Dau, a propósito de los resultados del Índice Global de Pensiones.
Según el Índice, que publican Mercer y el CFA Institute, Chile es el país de Latinoamérica con el mejor sistema de jubilación y es el noveno a nivel global, con una calificación de 74,9 sobre 100, mientras que Argentina ha quedado rezagado y, entre los siete mercados regionales evaluados, es último con una puntuación de 45,5. El índice evalúa 48 sistemas de jubilación que abarcan el 65% de la población mundial, a través de tres subíndices: adecuación, sostenibilidad e integridad.
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“Como mencionamos en nuestro informe, uno de los principales aspectos que está generando mayor presión en los sistemas de jubilación en el mundo es su sostenibilidad, es decir, que los aportes y ahorros a pensión de la población actual sean suficientes para financiar las pensiones futuras”, señaló a este medio Mayra Dau.
Por tal motivo, agregó, las reformas pensionales recientes apuntan a generar mayor sostenibilidad a los sistemas de jubilación en un contexto de mayor expectativa de vida de la población y menores tasas de natalidad.
En este marco, han percibido “cambios principalmente hacia esquema de pilares con componente público y privado que disminuyan la dependencia de la pensión pública y en algunos países el aumento de la edad mínima de jubilación”.
Asimismo, según el Global Retirement Index 2024, de la firma de gestión de activos y fondos de inversión Natixis Investment Managers, Chile nuevamente es el mejor país para jubilarse en Latinoamérica y se mantiene en la casilla 35 globalmente (con una calificación del 55%) entre 44 mercados evaluados.
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El país se ha destacado especialmente en el subíndice de finanzas en la jubilación (70%) y salud (69%), mientras que su punto más débil es bienestar material (27%), referente a la igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo.
En Chile, al igual que Argentina, Honduras y Cuba, las mujeres se jubilan a los 60 años, mientras los hombres lo hacen a los 65 años.
Chile es el octavo país latinoamericano con mayor inversión en pensiones, con el 3,1% del PIB, con un nivel de envejecimiento avanzado, de acuerdo a cifras recopiladas por la consultora Sectorial.
La sostenibilidad del sistema es uno de los principales desafíos a futuro. En el caso chileno se tiene que el país registró el año pasado la tasa más baja de nacimientos en una década, con un total de 173.920.
Los orígenes del sistema actual de jubilaciones chileno
En la década de 1980, el país reemplazó su antiguo sistema de pensiones de reparto por un modelo de capitalización individual, en el contexto de reformas estructurales a la seguridad social y a los servicios sociales, según el reporte Avances y obstáculos en el sistema de pensiones en chile (1980-2023), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Antes de este cambio, el esquema de pensiones se financiaba mediante contribuciones de trabajadores, empleadores y el Estado, con una estructura segmentada en múltiples cajas previsionales que atendían a distintos grupos ocupacionales. El modelo enfrentaba problemas de déficit financiero y deficiencias de gestión, con altas tasas de evasión en las cotizaciones que oscilaban entre el 40% y el 60%.
Con la reforma de 1980, se estableció el modelo de capitalización individual (pilar contributivo), financiado con un aporte obligatorio del 10% del salario de cada trabajador, depositado en cuentas personales y gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En 2008, se incorporó a este un componente de solidaridad al sistema con la creación del “pilar solidario”, que es considerada la reforma social más importante durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).
Posteriormente, en 2022, fue reemplazado por la Pensión Garantizada Universal (PGU), que consiste en un pago de CLP$214.296 (unos US$220 de hoy) a toda persona mayor de 65 años que cumpla con los parámetros de la pensión base, exceptuando al 10% más rico de la población del país y quienes no cumplan un requisito de residencia.
Los desafíos del actual modelo pensional
En el informe, PNUD explica que si bien se esperaba que un trabajador obtendría una pensión cercana al 70% de su remuneración promedio durante los últimos años de trabajo (personas que contribuyeran con cotizaciones durante 30 años), “el resultado obtenido en Chile estuvo muy lejos de las expectativas que tuvieron los creadores del sistema. La mediana de la tasa de reemplazo para la pensión contributiva resultó ser un 33% para los hombres y un 12% para las mujeres”.
Además, según cifras de la Fundación Sol, a diciembre de 2023, el 50% de los jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de CLP$343.00 O US$353 de hoy (lo que equivale al 75% del salario mínimo). Este valor llega a solo CLP$185.000 o US$190, “si no se incluyera los subsidios del Estado a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Aporte Previsional Solidario”, indica.
En el caso de las mujeres, explica la misma fuente, el 50% de las 538.000 jubiladas por vejez recibió en 2023 una pensión menor a CLP$232.000 o US$238 (CLP$151.000 o US$155 si no se incluyeran los subsidios del Estado).
En el país, casi el 85% de las pensiones pagadas por las AFP y las compañías de seguro son menores al salario mínimo, aunque este porcentaje que se reduce a 70% al incluir los subsidios estatales), de acuerdo a un reporte de Fundación Sol, titulado Pensiones bajo el mínimo: los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile.
De otra parte, en el informe de PNUD se indica que la rentabilidad promedio de las inversiones que realizan las AFP “ha caído sistemáticamente” desde un 12% promedio anual en la década de 1980 a un 3% en la década más reciente. “Este es mayoritariamente un reflejo de las tendencias que presentan los mercados financieros internacional y nacional, donde se invierten los fondos previsionales”, dice el documento.
Una de las conclusiones del reporte de PNUD, firmado por el doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, Osvaldo Larrañaga, es que “a pesar de los malos resultados, el sistema contributivo ha sido muy resistente a los cambios. A 43 años de su creación, mantiene prácticamente inalterados su estructura y parámetros”.
“Ha habido dos actores que se han opuesto (exitosamente) a los cambios requeridos. La industria de las AFP, por temor a que sean desplazadas de un negocio que les ha sido exitoso, y los partidos políticos de centro derecha, por afinidad ideológica”, indicó.
Según la Fundación Sol, “el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP fracasó, ya que después de más de cuarenta años de funcionamiento, no logró cumplir el objetivo fundamental para cualquier sistema de pensiones en el mundo: pagar pensiones suficientes. Y, debido a la caída en la tasa de rentabilidad registrada en los últimos 20 años, tampoco podrá cumplir este objetivo en el futuro, aunque se realicen cambios paramétricos, como aumentar la tasa de cotización”.
Andres Rosenkranz, CEO de la startup chilena especializada en asuntos laborales Cualiffy, opina que si bien las AFP se formaron para manejar esos dineros, “estas cobran comisiones bastante elevadas, lo que puede llevar a no rentar lo suficiente”. Además, se refiere a la presunta falta de incentivos del Estado para que las empresas sigan contratando y así atacar la informalidad.
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“Creemos que si bien es un buen sistema, funciona y tiene un fin lógico, está muy cargado a las empresas y a la responsabilidad de estas con sus empleados, cada día es más complejo tener gente contratada, tanto por las leyes proteccionistas, como por el alto costo de despedir”, opinó.
En este marco, dijo que “muchas empresas están dejando de contratar y tomando otras opciones que las protejan aún más, como el trabajo online”, así como cambiar mano de obra por tecnología o maquinaria más eficiente, “lo que a mediano plazo va a aumentar la cesantía si es que el estado no equilibra la balanza”.
En todo caso, considera que uno de los principales factores para que haya solidez en este sistema “es que el Estado obliga a las empresas a pagar directamente un porcentaje del sueldo a las distintas instituciones relacionadas con la pensión. Es decir, el empleado no las paga directamente, probablemente si ese monto se lo dieran al empleado como su sueldo, este haría un mal uso y no se destinaría para dicho objetivo”.
Durante la pandemia de Covid-19, el Congreso chileno aprobó tres retiros anticipados del 10% de los fondos de pensiones, por unos US$45 millones; no obstante, estas iniciativas han encontrado oposición en los últimos tiempos ante los presuntos efectos en el tipo de cambio y la inflación.
A finales de agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados votó en contra del séptimo proyecto de retiro de fondos de pensiones con nueve votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención, en línea con la posición del Gobierno.
Osvaldo Larrañaga, doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, analiza en el reporte que “los retiros previsionales han contribuido a generar un sentimiento de propiedad de los fondos por parte de los afiliados a las AFP”.
“Esta era una de las expectativas que tenía el creador del sistema en 1980, y que se estaría cumpliendo recién ahora. En la práctica, se convierten en un potencial tercer actor de oposición a cambios estructurales en el sistema contributivo. Las AFP y los partidos de centro derecha han aprovechado esta oportunidad para endurecer su oposición a cambios estructurales al sistema de capitalización individual”, mencionó en el reporte.
