Bloomberg — La coalición del presidente de Chile, Gabriel Boric, está bajo escrutinio debido a que miembros de uno de sus partidos enfrentan acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, lo que agrava los problemas con los que actualmente está lidiando el Gobierno de izquierda.
El líder de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo el martes que su partido presentará una querella contra quienes resulten responsables de presuntas irregularidades en una fundación dirigida por algunos de sus miembros.
Latorre dijo que el partido pidió suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez luego de que el medio en línea Timeline Antofagasta revelara este mes que la fundación Democracia Viva, creada por su expareja, había recibido más de 400 millones de pesos (US$500.000) por trabajos de consultoría para mejorar las condiciones de vida en campamentos informales y barrios marginales.
La fundación no tenía experiencia en ese campo, aunque fue contratada en la misma región que representa Pérez por un funcionario del Ministerio de Vivienda que se había desempeñado como su jefe de gabinete. Pérez ha desmentido públicamente cualquier irregularidad, diciendo que no tenía conocimiento ni relación con los pagos.
La Administración de Boric está intentando mantenerse alejada de las acusaciones en medio de nuevos desafíos que debe enfrentar, como el colapso de hospitales y la destrucción causada por las recientes lluvias torrenciales. El índice de aprobación del presidente cayó por tercera semana consecutiva, llegando al 28%, según la empresa de investigación de mercados y opinión pública Cadem, que también reveló que el 86% de los encuestados que han oído hablar de Democracia Viva cree que hubo corrupción.
El sábado, Boric pidió la renuncia de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, miembro de Revolución Democrática, quien reconoció que le habían advertido sobre pagos irregulares en la fundación.
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