El déficit presupuestario de Chile mejoraría ligeramente hasta el 2,2% del Producto Bruto Interno (PIB) entre 2024 y 2025, frente al 2,4% de 2023, según un informe publicado por la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings.
Esta reflexión surge a raíz de que, en la mirada de esta empresa, la incapacidad del Estado chileno para abordar las demandas sociales originales a través del proceso de reforma constitucional podría dar lugar a cierto desvío fiscal. En su presupuesto para 2024, el Gobierno asignó recursos adicionales para hacer frente a las elevadas presiones del gasto social en sanidad y educación.
El documento añade que esta situación, unida a las “considerables partidas no presupuestarias”, dará lugar a un aumento de los niveles de deuda.
Débil desempeño económico
Por otro lado, a raíz del rechazo a la nueva propuesta constitucional el domingo último, Fitch Ratings reflexionó: “La incertidumbre política seguirá pesando sobre la inversión en sectores clave y sobre el crecimiento económico, por lo que es probable que aumente el gasto social para hacer frente a algunas de las demandas que dieron lugar a las propuestas de reforma constitucional”.
“Prevemos que la deuda de las administraciones públicas de Chile en relación con el PIB aumente hasta el 41,8% del PIB, cifra que sigue siendo favorable en comparación con la mediana de los calificados categoría “A” del 50,6%”, sostiene Fitch.
Demandas sociales insatisfechas
Este informe fue publicado horas después de que, mediante un plebiscito, el pueblo chileno le dijera “no”, por segunda vez en dos años a una propuesta de reforma constitucional. La propuesta de 2022 había sido escrita por los partidos de izquierda y, en este último caso, por partidos de derecha. Ambas naufragaron.
Según Fitch, el intento de Chile de abordar el descontento social a través de canales institucionales es coherente con sus sólidos indicadores de gobernanza.
Sin embargo, la calificadora advierte que la preparación y posterior rechazo de una propuesta de cambio constitucional radical, seguida del fracaso de una propuesta mucho más conservadora, “pone de manifiesto tanto la fragmentación política como la polarización de la opinión pública”.
En opinión de Fitch, estos factores seguirán planteando a la administración del Presidente Gabriel Boric problemas de gobernabilidad para aplicar su programa de reformas estructurales.
