Santiago — La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar al presidente de Chile, Gabriel Boric, considerar pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social y hombre de confianza del mandatario, Giorgio Jackson, por estar en desacuerdo con su gestión.
La propuesta fue impulsada por legisladores del Partido Republicano, fundado por el conservador José Antonio Kast, y consiguió 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones. La mayoría de los respaldos proviene de parlamentarios de derecha, aunque el centroizquierdista Raúl Soto, expresidente de la Cámara Baja, también votó a favor debido a que considera que “hay una crisis política en el Gobierno” y se “requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo”.
La oposición está insistiendo en un cambio de gabinete tras el mayor escándalo de posible corrupción durante la administración de Boric, llamado Caso Convenios, que involucra a fundaciones ligadas a algunos militantes de Revolución Democrática (RD), partido fundado por Jackson, y ya ha costado cinco renuncias dentro del Gobierno en menos de dos meses.
La más reciente salida fue la de Alejandra Jiménez, quien fue secretaria regional del Ministerio de las Culturas de la Región Metropolitana hasta este martes, tras iniciarse una investigación en su contra por dos transferencias a una organización no gubernamental de la que fue cofundadora. También destacan las renuncias de Tatiana Rojas como subsecretaria de Vivienda, en junio; y de Andrea Gutiérrez como subsecretaria de las Culturas, el pasado viernes, por autorizar transferencias de recursos a una ONG de la que forma parte.
Sobre este último caso, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, dijo que se debió a un “error administrativo” y no judicial. “No todos los casos tienen relación con mal uso de recursos públicos ni con robo”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.
Boric no ha sido acusado de ninguna irregularidad y en reiteradas ocasiones ha dicho que no perdonarán a quienes cometan delitos. “No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. En esto tenemos que ser muy claros: caiga quien caiga”, dijo en la presentación del pacto fiscal.
De momento, el Gobierno ha descartado la opción de un cambio de gabinete. La última vez que lo hizo fue un día de cumplirse un año de gestión de Boric, el 10 de marzo de 2023, y estuvo marcado por ajustes en cinco ministerios.
Tensiones
Las presiones por la dimisión de Jackson, quien se salvó de una acusación constitucional en enero, se profundizaron después de que se produjo un robo de 13 computadores y una caja fuerte desde un edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en Santiago, la madrugada del 20 de julio. En ese contexto, miembros de la oposición y un senador de un partido oficialista pidieron la renuncia del aliado de Boric.
Luego, la policía reveló que el delito fue cometido por sujetos que engañaron a guardias de seguridad de la cartera, cuando los llamaron por teléfono fingiendo la voz de Jackson para pedir dejar pasar a un supuesto sobrino del ministro y sus compañeros con el fin de recoger unas notebooks y posteriormente fumigar. Un juzgado de Santiago formalizó a varias personas por este hecho, incluyendo a una mujer de 60 años con antecedentes penales.
El ministro asegura que esto se prestó para “muchas interpretaciones, incluso imputaciones de delitos” que calificó como calumnias por parte de algunos adversarios políticos.
Tras ese episodio se sustrajeron más ordenadores desde oficinas de otros entidades públicas; entre ellas, el Ministerio de Transportes, la Subsecretaría de Patrimonio y el servicio Mejor Niñez. Estos eventos han elevado aún más las tensiones políticas en el país.
El Caso Convenios tiene su origen en una publicación de un medio regional, Timeline, que reveló a mediados de junio que la fundación Democracia Viva, liderada por un exmilitante de RD y expareja de una diputada oficialista, recibió más de 400 millones de pesos chilenos (US$500.000, aproximadamente) por trabajos de consultoría en un área en que no tenía experiencia.
De ahí se han conocido otros convenios de traspaso de fondos entre el Estado y algunas organizaciones no gubernamentales que se investigan por eventuales irregularidades.
