El empresariado de Chile viene pidiendo hace tiempo que se aliviane el peso de la mochila burocrática, tanto en términos de tiempos como de costos económicos, y el propio Presidente Gabriel Boric ha presentado el proyecto de Sistema Inteligente de Permisos, que se está discutiendo en el Congreso.
Ahora bien, ¿cuánto le cuesta al país la “permisología”? Unos US$1.958 millones.
La cifra surge de un estudio realizado por la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián (USS), que cuantifica las pérdidas para invertir que generó la burocracia estatal en 2023. El informe sostiene que la problemática pasó de significar un perjuicio de 0,2% del PIB en 2022, a un 0,58% en 2023.
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“Si miramos los plazos de tramitación, más del 67% de los proyectos durante el 2023 se retrasó más allá de los plazos legales”, reseñó Alejandro Weber, decano de la facultad.
Además, Weber sostuvo que Chile no puede “darse el lujo de mantener ineficiencias” como estas si pretende retomar niveles “razonables de crecimiento”, y que consideró que tales falencias se transforman en un “impuesto al desarrollo”.
“Las proyecciones de mediano plazo de crecimiento del Producto Interno Bruto, en torno al 2%, no son suficientes para alcanzar niveles adecuados de desarrollo. Debemos aspirar a tasas sobre el 4% y eso exige una simplificación regulatoria relevante”, expresó el académico.
Por último, se refirió a las discusiones legislativas respecto de la permisología: “Lamentablemente, de los proyectos de ley hoy en tramitación, tanto el que revisa el sistema evaluación ambiental como el de permisos sectoriales, solamente una fracción de sus artículos apunta a mejoras sustantivas en la eficiencia del aparato público”.
Los permisos ambientales
El estudio de la USS arrojó que el aumento en los tiempos para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable representa una importante barrera a nuestro desarrollo, demostrando un aumento en la burocracia.
Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental aprobados el 2023 (documento que debe presentarse si es que un proyecto tiene riesgos ambientales) requirieron de 985 días corridos en promedio para obtener un permiso ambiental, cuando el promedio histórico es de 434 días.
Asimismo, la declaración de impacto ambiental, necesitaron de 360 días corridos, cuando el promedio es de 218 días. El primer trimestre de 2024 obtener una RCA demoró 400 días corridos, un 74% más que promedio histórico.
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El investigador de la USS y exsuperintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza comentó: “La principal falencia del Sistema de Evaluación Ambiental radica en deficiencias en los procesos que mantiene su administrador, agravadas por su excesivo carácter coordinador y poco resolutivo. Concentrar toma de decisiones con contrapesos necesarios para integrar distintas visiones sobre sostenibilidad es clave para mejorar su eficiencia”.
Por último, el académico afirmó que “existe consenso transversal en optimizar sistema”. Y concluyó: “Es socialmente rentable incorporar nuevos recursos y atribuciones para estandarizar el procedimiento de evaluación. No obstante, deberíamos apuntar a reducir en un orden de magnitud los tiempos de tramitación, y no en obtener mejoras marginales como se propone”.
