Este domingo marcará un nuevo hito en la historia reciente de la política chilena, con un segundo plebiscito que pondrá en manos de los ciudadanos la decisión de aprobar o rechazar una nueva Constitución para el país. Esa nueva carta magna reemplazaría a la actual, sancionada en 1980 y reformada en varias ocasiones desde entonces, con potenciales repercusiones para la economía y el clima político de Chile.
En la primera concurrencia a las urnas, en septiembre de 2022, la mayoría de los chilenos votó en contra de una propuesta de perfil izquierdista respaldada por el Gobierno de Gabriel Boric. Ahora, según marcan la mayoría de las encuestas, desestimarían una nueva versión, esta vez redactada figuras más identificadas con la derecha del país.
Cabe destacar que rige una prohibición para la publicación de encuestas vinculadas al plebiscito desde hace 15 días, lo que nubla cualquier vaticinio del resultado este fin de semana. Además, la indecisión es pronunciada entre los chilenos que se consideran centristas o independientes.
La consultora Activa, por ejemplo, reportó en su último sondeo un porcentaje de 40% a favor, 50% de rechazo, una vez excluidos los que respondieron que no sabían y quienes no contestaron, que fueron el 34% del total. Otro estudio, de Criteria, marcó un 32% a favor, 68% en contra y 38% de “no sabe, no contesta”.
Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Claudio Fuentes, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Diego Portales y Robert Funk, profesor de ciencia política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y doctor en Gobierno en la London School of Economics and Political Science, ofrecieron sus perspectivas sobre las posibles consecuencias y expectativas en caso de un resultado a favor o en contra, al ser consultados por Bloomberg Línea.
Marco Moreno: Implementación y costos de una nueva Constitución
Según Marco Moreno, la magnitud del resultado en el plebiscito será crucial para evaluar las consecuencias. Destacó: “No da lo mismo que gane el a favor, por ejemplo, que se ponga el ‘a favor’ por un resultado estrecho, en donde no haya una diferencia importante”.
En caso de triunfar el “apruebo”, el analista advirtió que la implementación de la carta magna no será inmediata y requerirá de esfuerzos legislativos, y por lo tanto, “la pregunta es si los beneficios que tendía a implementar una nueva Constitución son mayores que los costos de mantener el actual texto constitucional”.
En ese sentido, señaló que el proceso de implementación podría ser de hasta cinco años: “Va a tomar muchos años y ese es un tiempo quizás excesivo, en el que se podrían frenar inversiones en el país por la incertidumbre en relación a las reglas del juego”.
Moreno también consideró que “en estricto rigor, la derrota para el gobierno en materia constitucional se produjo en septiembre”, por lo que “hoy ambos escenarios son adversos”.
“De todas maneras le daría un respiro al gobierno para poder enfrentar la segunda parte de su mandato, inevitablemente con un ajuste de Gabinete en cualquiera de los dos resultados”, agregó.
Claudio Fuentes: La aprobación traería desafíos en materia de inversiones
Desde la perspectiva de Claudio Fuentes, aprobar una nueva Constitución abriría un escenario complejo, al tratarse de 41 leyes y cerca de 20 nuevas instituciones que deberían implementarse, “lo que reduciría el espacio político e institucional para temas de preocupación ciudadana”.
Fuentes destacó en esa línea la complejidad económica con la aprobación de una nueva Constitución: “En términos de inversión y negocios el escenario sería más complejo con la opción de una nueva Constitución, pues ello agudizaría temas críticos que parecían resueltos”.
En cuanto a la posibilidad de protestas sociales, Fuentes expresó: “Veo poco probable que vuelvan a surgir protestas sociales, sea cual sea el resultado del domingo. Las preocupaciones ciudadanas y el interés con un proceso donde las elites no logran ponerse de acuerdo saturó a la población.”
Robert Funk: Lo que importa es la certidumbre
Robert Funk, profesor de ciencia política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, consideró por su parte que, desde el punto de vista de la economía y los empresarios, “lo que les importa es la certidumbre”, y “queda claro que, pase lo que pase el domingo, persistirá cierto nivel de incertidumbre”.
Si se aprueba la nueva Constitución, Funk advirtió que se abrirá un periodo inicial de la necesidad de corregir numerosos puntos mal elaborados o que requieren ajustes. Este proceso, que “se llevará a cabo en el Congreso”, introducirá una lógica política desafiante y poco ventajosa para el Gobierno. Posteriormente, en los siguientes dos años, es probable que, cuando “termine el mandato actual y posiblemente asuma un Gobierno de derecha”, surjan presiones desde la izquierda para impulsar una nueva Constitución que “se alinee mejor con sus demandas históricas”.
En caso de que se rechace la propuesta actual, “respaldada estratégicamente por el gobierno para mantener la Constitución existente”, también “surgirán presiones para iniciar eventualmente otro proceso constitucional”. Este proceso buscaría abordar los aspectos que, especialmente la izquierda, “quiere cambiar en la Constitución actual o avanzar hacia un modelo más socialdemócrata”. La incertidumbre persistirá en cuanto a cómo se llevará a cabo este proceso, ya sea a través de un consejo electo o desde el Congreso.
Independientemente del resultado del plebiscito, “se mantendrá una sensación de continuidad en el modelo económico y político por el momento”, aunque también “existe la conciencia de que las demandas de cambio probablemente resurjan tarde o temprano”, cerró.
Participación ciudadana
En Chile, la participación histórica en eventos electorales se ha impulsado significativamente mediante el voto obligatorio a partir del 2022, alcanzando cifras alrededor del 85%. Este sistema ya se aplicó en el plebiscito del primer proceso constituyente en septiembre de 2022 y la elección del Consejo Constitucional en mayo pasado.
A pesar de un pequeño incremento en el padrón electoral, que ahora alcanza los 15,4 millones de votantes para el próximo plebiscito, se anticipa que la participación se mantendrá en niveles cercanos a los históricos eventos previos.
