Bloomberg — Las autoridades chilenas rechazaron por unanimidad un proyecto minero y portuario en el último giro en más de una década de deliberaciones legales y regulatorias sobre una inversión de US$3.000 millones que puso frente a frente la protección del medio ambiente con el crecimiento económico.
En un caso que también dejó al descubierto la injerencia de la política en los procedimientos de concesiones de Chile, miembros de un comité ministerial votaron en contra del proyecto de extracción de hierro y cobre Dominga en una sesión celebrada el miércoles.
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El comité estaba integrado por subsecretarios después de que un tribunal medioambiental anulara una decisión de 2023 de los ministros de rechazar el proyecto, alegando falta de imparcialidad de dos de sus miembros. Los reguladores ambientales locales aprobaron el proyecto en 2021 antes de que la Corte Suprema optara por dejar la decisión en manos de los ministros.
El manejo de las autoridades del caso Dominga, en el que el expresidente Sebastián Piñera tuvo una participación indirecta, en un ejemplo de advertencia en un país que, por lo demás, cuenta con instituciones sólidas y normas claras. En 2017, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue uno de los altos funcionarios que dimitió después de que el gabinete se dividió por la decisión de bloquear el proyecto.
El controvertido proyecto está controlado por la familia chilena Delano Méndez y apareció en la investigación de los Pandora Papers sobre las cuentas secretas en paraísos fiscales de jefes de Estado y líderes empresariales.
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Sus planes incluyen una capacidad diaria de mineral de 95.000 toneladas métricas, una planta desalinizadora y una terminal portuaria que empleará a 1.450 personas cuando esté en funcionamiento en 2030. La ubicación está cerca de hábitats de ballenas, delfines y pingüinos de Humboldt.
Andes Iron, empresa operadora del proyecto, está buscando socios estratégicos para asegurar la venta de la producción futura, según su sitio web.
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