Bloomberg Línea — El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió su decisión en el litigio iniciado por Interchile –una filial de la colombiana ISA– contra el Estado de Chile hace cuatro años. El tribunal resolvió parcialmente a favor de la empresa y determinó que el fisco debe pagar un total de US$21,5 millones.
El caso tiene su origen en los atrasos relacionados con la puesta en marcha de la megalínea Cardones-Polpaico, considerada de alto interés estratégico para Chile. La demora, según la demanda, estuvo vinculada a la negativa de las autoridades chilenas de otorgar prórrogas “razonables” para completar el proyecto.
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El 13 de diciembre, el Ciadi dictó su laudo, y el resultado fue comunicado oficialmente ayer por ISA a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia Financiera de Colombia. En el comunicado, la empresa informó que “el Tribunal determinó que hubo ciertas violaciones al Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia por parte de Chile, específicamente relacionadas con decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía en febrero de 2020, que incluyeron la imposición de multas a Interchile por los retrasos en el proyecto”.
En su fallo, el Tribunal dispuso que Chile debía devolver a Interchile una parte proporcional de la multa aplicada por el retraso en la entrada en operación del Tramo 3, equivalente a 96 días. Esto corresponde a un monto de US$16.094.120, más intereses calculados de manera simple, a una tasa TIP + 2%, aplicados desde el 18 de febrero de 2020 hasta el momento del pago. Según la empresa, esta cifra asciende a aproximadamente US$21,5 millones.
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Sin embargo, el monto final es considerablemente menor a los más de US$230 millones que la compañía reclamaba como compensación por los supuestos perjuicios sufridos. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, en declaraciones recogidas por el diario chileno La Tercera, destacaron que “el Ciadi aceptó gran parte de los argumentos presentados por Chile, limitando el pago a solo US$16 millones de los US$235 millones exigidos por los demandantes, es decir, aproximadamente el 6% de lo reclamado”.
Además, según Cancillería, el fallo incluyó la orden para que los demandantes asumieran el 80% de los costos judiciales de Chile, lo que representa otro punto favorable para el Estado en el desenlace de este conflicto legal.
