Santiago — El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la ley de 40 horas laborales este viernes en un acto en Quinta Normal, en Santiago. “Hoy, sin lugar a dudas, es un día histórico”, dijo el mandatario chileno.
Con su firma sólo queda su publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia. La ley pretende reducir gradualmente el horario, rebajando una hora por cada año a contar desde su entrada en vigor. Es decir, en 2028 ya debería regir oficialmente las 40 horas de trabajos por semana.
La ley representa un logro para el Gobierno, que otrora sufrió derrotas por los rechazos de parte del proyecto de la reforma tributaria en el Congreso y de una propuesta de Constitución en el plebiscito de 2022.
Reducir la jornada laboral estaba contenido en el programa de gobierno de Boric. La iniciativa fue impulsada originalmente por la diputada Karol Cariola y exdiputada Camila Vallejo (actual portavoz del Gobierno), ambas del Partido Comunista, en 2017. Tras varios años estancado en el Congreso, el Ejecutivo reactivó su discusión. “No fue fácil sacarlo adelante”, dijo el presidente de Chile.
La norma fue aprobada por el Congreso esta semana, respaldada por todos los sectores políticos a excepción de los legisladores del Partido Republicano, fundado por el excandidato presidencial de derecha José Antonio Kast.
Boric destacó los acuerdos logrados en el Legislativo para aprobar la reducción de la jornada laboral, liderados por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara. “Necesitamos poder conversar y salir de las trincheras. Eso se logró para la agenda de 40 horas”, insistió.
El mandatario dijo que esa misma estrategia se necesita para sacar adelante las agendas de seguridad y en proyectos en que han “tenido trabas” como la reforma tributaria. “Lo necesitamos también en la reforma de pensiones porque no nos olvidemos que hay un malestar en Chile que sigue vigente”, señaló.
Algunos puntos de la ley fueron cuestionados esta semana por distintos sindicatos de trabajadores de empresas del retail, minería, bancarios, entre otros, por considerar que incurría en “severos retrocesos” de los derechos laborales.
