Bloomberg — El presidente de Chile, Gabriel Boric, quiere acelerar la aprobación de grandes inversiones en el país para impulsar el crecimiento económico.
Boric presentó el miércoles detalles de dos proyectos de ley que planea presentar al Congreso dentro de unos días, uno de los cuales agilizará los procesos, reducirá la cantidad de permisos que los inversionistas necesitan obtener para proyectos clave y determinará plazos específicos dentro de los cuales los reguladores deben responder a las solicitudes. El otro reformará el sistema de aprobaciones ambientales del país.
Después de registrar el año pasado el crecimiento más bajo de toda América Latina —con la excepción de Argentina— Boric ha dicho que 2024 será un año de recuperación económica. Su Gobierno ha dicho que la economía se expandirá un 2,5% en 2024, aunque ese ritmo superaría el promedio regional esperado por los analistas en una encuesta de Bloomberg.
Los proyectos de ley deberían reducir en un tercio el tiempo promedio que lleva aprobar proyectos, dijo Boric el miércoles en un evento en Santiago. El proyecto de ley ambiental incluirá la eliminación del controvertido Comité de Ministros. En el pasado, este comité bloqueó grandes proyectos en Chile, como el proyecto eléctrico HidroAysén en 2014 o la mina de hierro Dominga el año pasado, incluso después de obtener todos los permisos ambientales.
Muchos economistas y analistas han dicho que la creciente burocracia de Chile se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. El término “permisología” ha sido ampliamente utilizado de manera despectiva para describir la situación de Chile e incluso ha sido adoptado por el presidente Boric en discursos recientes. Un estudio de la Comisión Nacional Evaluación y Productividad de 2019 identificó más de 400 permisos que se requieren para proyectos en industrias como minería, bienes raíces e infraestructura.
Un informe de La Tercera mostró que los reguladores ambientales aprobaron en 2023 el número más bajo de nuevos proyectos de inversión desde 1997. Aun así, Chile tiene la calidad regulatoria más alta de América Latina, según datos del Banco Mundial.
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