Pensión Solidaria de Vejez: ¿a quiénes beneficia el aumento en jubilaciones en Bolivia?

Se estima que el ajuste beneficiaría a cerca de un 70% de los jubilados (unas 152.566 personas) del Sistema Integral de Pensiones (SIP) a través de la Pensión Solidaria de Vejez

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Bloomberg Línea — El presidente boliviano, Luis Arce, promulgó el martes 1° de octubre la ley que incrementa los límites de las pensiones para los jubilados que hacen parte del sistema de Pensión Solidaria de Vejez y apunta a garantizar sostenibilidad del denominado Fondo Solidario.

Con el ajuste adoptado por medio de la Ley de Modificación a los Límites Solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez del Sistema Integral de Pensiones (SIP), los bolivianos que aportaron entre 10 y 35 años tendrán un aumento de entre Bs. 80 (unos US$11,5) y Bs. 1.000. (US$144,8).

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En el caso de quienes aportaron durante 10 años, el incremento irá de Bs.640 (US$92,7) a Bs.720. (US$104,33). Y quienes aportaron durante 35 años, el límite irá de Bs.4.200 (US$608,6) a Bs.5.200 (US$753,6), según el Gobierno.

Si bien en el país se pretendía adoptar una denominada “jubilación forzosa” a los 65 años, sujeta a un examen médico obligatorio, la Cámara de Diputados de Bolivia anuló la iniciativa del Gobierno.

“Hay que compensar al que menos tiene, hay que apoyarle en una especie de redistribución como nuestro modelo productivo lo hace”, dijo Arce desde la sede de Gobierno tras la promulgación de la ley.

Según Arce, la Pensión Solidaria fue incluida en la Ley N° 065 de Pensiones para beneficiar a aquellos sectores que no tenían la posibilidad de aumentar su jubilación en el corto plazo.

En 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó un estudio para establecer la base técnica para hacer el ajuste con base en la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones.

“Para financiar esta mejora y garantizar la sostenibilidad del Fondo Solidario, el PL 035/2023-2024 modifica los aportes de los empleadores, públicos y privados y de los trabajadores con ingresos elevados. Este fondo tiene el propósito de ayudar a aquellos trabajadores que tienen un capital pequeño en su Cuenta Personal Previsional por lo que reciben una pensión de jubilación baja”, según ha explicado el Ministerio.

Por medio de esta ley se ajusta el denominado aporte solidario patronal para financiar la iniciativa. Es así que el Aporte Patronal Solidario aumenta del 3% al 3,5%, en tanto que el Aporte Solidario Minero del Empleador sube del 2% al 2,3%.

De otra parte, el Aporte Nacional Solidario de los trabajadores con ingresos mayores a Bs.13.000, aumenta del 1% al 1,15% (para quienes ganan entre Bs.13.000 y Bs.24.000); del 5% al 5,74% (para los que perciben entre Bs.25.000 y Bs.35.000) y del 10% al 11,48% (remuneraciones mayores a Bs.35.000).

“Con la nueva ley, por ejemplo, un trabajador que percibe Bs.15.000 y contribuye con Bs.20 al Fondo Solidario, verá su aporte aumentar a Bs.23, es decir, solo Bs.3 adicionales, mientras que el aporte de un trabajador que gana Bs.25.000 se incrementará de Bs.120 a Bs.138, es decir, Bs.18 de aumento”, según el Ministerio.

Se estima que el ajuste beneficiaría a cerca de un 70% de los jubilados (unas 152.566 personas) del Sistema Integral de Pensiones (SIP) a través de la Pensión Solidaria de Vejez.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas boliviano, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) cuenta con hasta 60 días hábiles para emitir la reglamentación de la ley.

De acuerdo a cifras de la consultora Sectorial, Bolivia es el séptimo país latinoamericano con mayor inversión en pensiones, destinando el 3,8% como porcentaje del PIB, con un nivel de envejecimiento catalogado como “incipiente”.

El Gobierno de Evo Morales (2006-2019) promulgó en 2010 una ley para iniciar el proceso de estatización de las pensiones, aunque únicamente en 2015 se establecieron los estatutos.

Solo hasta el año pasado, el sistema estatal de pensiones de Bolivia comenzó sus operaciones y pasó a administrar unos US$24.000 millones en ahorros de los bolivianos.

La ley establece que una Gestora Pública se encarga ahora de administrar los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, desplazando a los actores privados, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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