Bloomberg Línea — El 41,26% de las mujeres privadas de la libertad en Bolivia llegaron a prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas, también conocidas como sustancias controladas, según un informe realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que fue publicado por la Defensoría del Pueblo.
El documento evidencia que de 30.978 ciudadanos privados de la libertad, 2.150 son mujeres, es decir, el 6,8%, de acuerdo con los datos recolectados hasta el pasado junio. Aunque el porcentaje de mujeres tras las rejas es significativamente menor en comparación con el de los hombres, preocupan los motivos por los que fueron sometidas a la justicia.
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El 28,97% de las mujeres permanece preso por tráfico de drogas, el 8,44% por suministrarlas y el 3,85% por transportarlas, lo que suma un 41,26% de encarceladas, o sea, 894 del total.
“El problema de los delitos por sustancias controladas se ha mantenido por más de una década, puesto que los datos del 2012 señalaban que el quebrantamiento de la ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas llegaba al 56%. En 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por mujeres llegaba al 31,62%, y en 2024, el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%”, dice el informe.
El documento también reseña que en algunos departamentos, como Oruro y Chuquisaca, que concentran el 62% y el 41% de las privadas de libertad por delitos relacionados a sustancias controladas, las mujeres han asegurado que los abogados, incluyendo los de Defensa Pública, las inducen a declararse culpables, incluso cuando no lo son, para “conseguir más rápida su libertad”.
Por otra parte, el segundo delito por el que las mujeres bolivianas fueron a la cárcel, dejando a un lado los asociados al tráfico de drogas, fue el robo agravado (10,37%). El top cinco lo completaron el asesinato (7,59%), el homicidio (4,12%) y el infanticidio (3,90%).
Más del 55% de las mujeres están en situación de vulnerabilidad
Un dato que preocupa del informe presentado por la Defensoría del Pueblo es que el 55,39% de ellas, es decir, 1.042, pertenecen a comunidades en condición de vulnerabilidad.
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“El 55% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres embarazadas, tienen hijos que los acompañan, son personas adultas mayores, personas con discapacidad, son personas LGBTI, entre otros, que las colocan en una situación de alta vulnerabilidad, es decir, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad se puede asumir en una situación de vulnerabilidad”, explica el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.
Del total de las mujeres en condición de vulnerabilidad, 556 son campesinas de pueblos indígenas originarios, 142 son madres con hijos acompañantes, 86 son extranjeras, 47 hacen parte de la comunidad LGBTI, 60 son adultas mayores y cinco están embarazadas.
La investigación también eleva un llamado de atención por la situación que viven 145 niñas y niños menores de 6 años, al habitar en los centros penitenciarios junto a sus madres, “expuestos a las condiciones precarias de las cárceles y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema penitenciario boliviano”.
