En 2020, en plena pandemia del Coronavirus, llegaron a Bolivia 324 respiradores provenientes de China que fueron contratados en forma irregular, según investigadores judiciales. A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 10 años de prisión para ocho de los presuntos responsables de la transacción.
Entre los apuntados por la Fiscalía se incluye a la exministra de Salud del gobierno de facto, Eidy Roca, y al exviceministro Elías Cordero.
“El Ministerio Público está solicitando una sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes”, informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, en conferencia de prensa, según detalló la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Al momento de la operación estaba aún en la Presidencia Jeanine Áñez.
Los presuntos delitos
Los delitos por los que la Fiscalía apunta a los acusados es haber celebrado contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.
Destaca ABI, sin nombrar específicamente a los presuntos involucrados: “Entre los acusados está también el exasesor jurídico del Ministerio de Salud, J.S.C.; la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, G.M.R.; el exjefe de unidad de Redes y Servicios de Salud, J.C.A.; el exjefe de la Unidad Financiera M.A.P.; una exconsultora del ministerio,V.V.G.; y el representante legal de la empresa que vendió los ventiladores, E.D.P”.
Las ocho personas estarían involucradas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 respiradores pulmonares de origen chino que provocó una afectación económica al Estado de más de US$10 millones.
Una gran cantidad de estos respiradores fueron distribuidos sin haber sido recibidos de manera formal por la comisión designada.
“De forma posterior, esta comisión de recepción advierte y concluye que no se cumple con 40 puntos detallados en las especificaciones técnicas solicitadas y no dando su conformidad en la recepción de los equipos. A pesar de conocerse esos antecedentes, se firma una segunda enmienda en el contrato, en mérito de un informe que recomienda realizar esta actuación”, explicó el fiscal.
En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria; entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista - técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.
¿Qué dijo la exministra de Salud?
“Acabo de enterarme de la decisión de la Fiscalía y aún no hemos sido notificados, pero voy a defenderme, tengo toda la documentación que respalda mi inocencia”, indicó Eidy Roca.
La exfuncionaria explicó que los 324 respiradores no los compró ella y aclaró que “ya estaban en Bolivia” cuando llegó al Ministerio de Salud.