Bloomberg Línea — La economía boliviana vuelve a ser tema de discusión, en esta ocasión por la suspensión de las exportaciones de aceite, un producto que en 2023 generó ingresos por US$573 millones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La medida fue anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y busca combatir el precio del aceite en el mercado local, especialmente en el departamento de La Paz, donde pasó de Bs$12 a Bs$18. Sin embargo, dejó en evidencia una contradicción al interior del Gobierno.
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Apenas días atrás, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, aseguró a la prensa boliviana que había sobreproducción de aceite, pues la demanda interna es de alrededor 88.000 toneladas anuales, poco más de una cuarta parte que la producida por el país, 320.000 toneladas, de acuerdo con él.
En ese sentido, apunto a que el encarecimiento del aceite no obedecía a la falta de oferta, sino a la especulación de los distribuidores mayoristas y lo que el Gobierno del presidente Luis Arce denomina “contrabando a la inversa”, es decir, su venta ilegal en países como Perú.
Pero, ¿dónde está la contradicción? En que el ministro Néstor Huanca anunció la suspensión del aceite sustentando que busca proteger la seguridad alimentaria de Bolivia, aun cuando el problema no es de producción, sino de distribución.
“Preservando la seguridad alimentaria y pensando en la economía de nuestras familias, he determinado suspender las exportaciones de manera temporal a partir de la fecha y hasta que se normalice el abastecimiento de aceite al mercado interno a precio justo”, dijo el pasado 5 de diciembre.
El Gobierno además anunció medidas como la intensificación de los controles fronterizos con Perú, para evitar que el aceite sea vendido manera ilegal e incrementar los controles a la cadena de distribución.
La preocupación frente a las exportaciones en Bolivia
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de Bolivia, Gary Rodríguez, expresó su preocupación en torno a la suspensión de las exportaciones de aceite.
“Cuando más necesita Bolivia traer divisas al país, se genera una medida desde el sector público que verdaderamente preocupa, por decirlo menos, a los actores del desarrollo: los productores del agro, los agroindustriales y los agroexportadores”, aseguró en conferencia de prensa este viernes.
Para Rodríguez, la medida no es una solución efectiva ante el alza, toda vez que castiga a la industria aun cuando ha estado cumpliendo con la producción y vende a un precio justo regulado por el Gobierno, en lugar de ponerle freno a quienes “están acaparando el producto, especulando y sacándolo ilegalmente del país”.
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La inquietud no es menor, pues de enero a septiembre de 2024 Bolivia exportó casi 357.000 toneladas brutas de aceite soya, por un valor que supera los US$315 billones, según datos que el IBCE compartió con Bloomberg Línea.
Solo en 2023, Bolivia vendió al exterior 582.000 toneladas de aceite de soya, lo que representó ingresos por US$573 millones, más de una tercera parte a Colombia (232.000 toneladas), seguido de Ecuador (138.600 toneladas), Perú (40.200), Birmania (9.300) y Chile (7.400), que no solo completan el top cinco de destinos, sino que se verían afectados por la suspensión de las exportaciones —salvo la nación asiática, que este año no ha importado este producto—.
“Cortar las exportaciones para solucionar este problema no va a resultar, el remedio puede resultar peor que la enfermedad (...). Lo que se impone es que las autoridades que tienen que ver con la comercialización, hagan su trabajo, y den las seguridades que el sector privado demanda para producir para el mercado interno y sobreproducir para exportar, traer divisas para el país y generar empleo”, sostuvo Gary Rodríguez.