Bloomberg Línea — El 2024 no fue un buen año para el comercio exterior en Bolivia, que tuvo una caída de casi US$3.000 millones hasta el pasado septiembre en comparación con 2023, y deberá dar un timonazo en sus políticas públicas para recuperarse en 2025.
A esa conclusión llegó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) este 18 de diciembre, cuando presentó un balance de importaciones y exportaciones, escenario que aprovechó para brindar algunas sugerencias al Gobierno del presidente Luis Arce de cara al año que se avecina.
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La baja en el comercio exterior fue de casi US$3.000 millones, de los cuales US$1.643 millones obedecen a la caída en las exportaciones y US$1.337 millones en importaciones, hecho que dejó un déficit comercial de US$429 millones.
La reducción en las importaciones fue en cuatro rubros: equipos de transporte, insumos, bienes de capital y combustibles. “Lo grave es que implican más del 80% del total, y ayudan a producir bienes y servicios para el mercado interno”, precisó el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez.
La caída, según el análisis del instituto, fue consecuencia de los bloqueos adelantados por simpatizantes evistas durante 24 días en las carreteras del país; el freno a las exportaciones, el más reciente de ellos de aceite —aunque su venta al exterior ya fue restablecida—, y el avasallamiento de tierras.
También se suman la escasez de dólares y la anormalidad en la distribución de diésel, quizá las problemáticas con las que más ha tenido que lidiar el Gobierno Arce este año.
“La abrupta caída en las exportaciones por más de US$1.600 millones, implicará que se dispondrá de menos divisas para los pagos externos. El derrumbe de las importaciones, en más de US$1.000 millones, implicará una menor actividad económica y comercial en el país”, indicó Rodríguez en conferencia de prensa.
El timonazo que el IBCE sugiere al Gobierno
Entre las sugerencias que el IBCE hizo para revertir la situación sobresale garantizar seguridad jurídica a los productores, específicamente frente a los avasallamientos y los bloqueos; seguridad de mercados, promoviendo la libre exportación, y seguridad de buenas políticas públicas, enfocadas en aumentar la competitividad de los sectores.
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Además, propuso apostar por las exportaciones no tradicionales en busca de nuevos mercados, concentrando los esfuerzos en sectores de “rápido impacto”, como el agroindustrial, forestal-maderero y el turístico, así como en la venta de servicios “que puedan generar más divisas para Bolivia”.
Incluso, propuso reducir los costros de la importación de combustibles, teniendo en cuenta la dependencia del abastecimiento externo de diésel en 86% y gasolina en 56%.
“Abaratar la importación de lo que precisa el país resulta urgente. No se debería aplicar ningún impuesto a la importación y a la comercialización interna de los combustibles, y el diésel debe salir de la lista de ‘sustancias controladas’, porque ello implica un grave problema”, agregó.