El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este miércoles que las medidas contra la especulación tienen como objetivo principal resguardar la economía de las familias bolivianas, y no afectar a los comerciantes ni empresarios del país.
“El Gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales”, afirmó durante el acto por el 16º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión con los sectores empresariales y gremiales, quienes exigen la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 Presupuesto General del Estado – Gestión 2025. La normativa otorga a las entidades competentes la facultad de realizar controles, fiscalizaciones, decomisos e incluso confiscaciones de productos a quienes almacenen o retengan mercadería con la intención de encarecer los precios.
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En este sentido, el denominado Ampliado Multisectorial, realizado el martes en la ciudad de La Paz, contó con la participación de diversos sectores, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara del Transporte del Oriente, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) y la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), entre otros. En el encuentro, se advirtió sobre la posibilidad de iniciar medidas de protesta a partir del 10 de febrero si el Gobierno no accede a derogar la polémica disposición legal.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que la implementación de esta normativa permitirá que los distintos niveles del Estado cuenten con respaldo legal para llevar adelante operativos de control de precios, asegurando además que los productos decomisados se comercializarán a precios accesibles para la población.
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Frente a la resistencia de los sectores afectados, el Ejecutivo aclaró que la disposición no entrará en vigor hasta que se elabore un reglamento en consenso con los gremios. Para ello, se han llevado a cabo reuniones con representantes de gremiales de la ciudad de El Alto y de otras regiones, quienes manifestaron su intención de participar en la elaboración del reglamento correspondiente.
“Estamos seguros de que la vía del diálogo es el camino para resolver cualquier conflicto y no así medidas de hecho que dañan la economía nacional”, expresó el mandatario, reafirmando su compromiso con una solución negociada que contemple las inquietudes de los distintos sectores productivos del país.
