Buenos Aires — El Ministro del Interior de la Argentina, Eduardo “Wado” de Pedro, acusó este martes en un comunicado oficial al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de haber provocado las protestas callejeras que se vieron hoy en la capital provincial.
“Señor Gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, lo que estamos viendo son las consecuencias de las decisiones que usted tomó y que afectaron la división de poderes, que violentaron las instituciones y que terminaron en cooptación [sic] de la justicia provincial”, afirmó el ministro de la Nación en el comunicado.
Este martes, manifestantes vinculados a la izquierda, el kirchnerismo y la organización barrial Túpac Amaru lanzaron piedras a la Legislatura e incendiaron y dañaron vehículos estacionados en las inmediaciones del edificio. Además, dieron vuelta vehículos para utilizarlos como barricadas, mientras que un grupo irrumpió en las oficinas de la Legislatura para intentar prenderlas fuego.
“Ante los hechos de violencia que se sucedieron durante los últimos días ... es urgente ponerle fin a la represión para encontrar una solución pacífica, a través del diálogo y la voluntad de escuchar a todos”, continúa el comunicado del Ministerio del Interior.
La CIDH advirtió por la situación en Jujuy
En medio de un clima caldeado, con varios heridos, incluyendo periodistas y civiles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado en el que afirmó que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”.
“La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
En la comunicación oficial de la CIDH, que hace referencia únicamente al “uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma para disolver cortes de rutas no violentos”, la entidad perteneciente a la OEA defiende los cortes de ruta, y “recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”.
