Buenos Aires — El Gobierno argentino confirmó que está en agenda la privatización del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) que conecta los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, transportando hasta 21 millones de metros cúbicos diarios.
Lo confirmó María Tettamanti, la secretaría de Energía, al confirmar que el plan es que pase a ser una concesión privada. Actualmente el ducto es propiedad de Energía Argentina (Enarsa), que depende del Estado Nacional. Enarsa quedó en el listado de las empresas sujetas a privatización, tras la sanción de la Ley Bases.
La funcionaria aseguró que de avanzar la privatización, primero la empresa deberá desprenderse de sus activos, entre los que se encuentra el gasoducto. El caño es operado por TGS, que a su vez presentó una propuesta para ampliar en 14 millones de metros cúbicos diarios su capacidad de transporte. Esa propuesta fue declarada de interés público por el Gobierno Nacional este lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, y avanzará en un próximo paso con la licitación.
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Tettamanti, en el marco del Energy Day organizado por Econojournal, adelantó también que lo más probable es que se avance con la prórroga de la concesión a TGS y TGN, tras las audiencias públicas realizadas semanas atrás.
Inversiones en energía eléctrica
Hacia un verano con amenazas de cortes de luz, por una oferta que en los picos puede no satisfacer a la demanda (que rompería el récord de 30.000 megawats), la secretaria de Energía adelantó que en tres semanas se avanzará con la licitación para la construcción de una estación transformadora en Plomer (provincia de Buenos Aires) y una línea de alta tensión que la conecte con Ezeiza y luego con Atucha (la central núclear).
El proceso, hasta concluir las obras, podría demorar tres años e implicaría una inversión de US$1.000 millones.
Subsidios energéticos
Tettamanti confirmó que el Gobierno avanza en un cambio respecto al esquema de subsidios energéticos, que dejará la actual segmentación en tres niveles según ingresos de los hogares. Habrá primero una transición, que será de seis meses con vigencia del actual esquema, y luego se avanzará en un esquema que funcionará, según la secretaria, con una tarifa social, para los hogares de menores ingresos.