Buenos Aires — La sostenibilidad del sistema previsional volvió a ser motivo de debate en Argentina y hasta captó la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el Gobierno de Javier Milei busca eliminar el déficit crónico de las cuentas públicas y el Senado discute cambios en el sistema actual en el marco del debate de la Ley de Bases, especialistas advierten sobre una de las modificaciones del proyecto y marcan la necesidad de implementar una reforma integral del sistema jubilatorio que garantice su sostenibilidad.
Un documento elaborado por Cippec, organización independiente y sin fines de lucro centrada en la construcción de mejores políticas públicas para el país, alertó respecto de las “problemáticas” presentes y futuras del sistema previsional argentino. Entre las primeras, apuntó contra uno de los artículos de la Ley de Bases al asegurar que intenta atacar problemas reales “pero al hacerlo crea otros”, al tiempo que propuso una reordenamiento integral que permita resolver los desafíos de un sistema previsional muy fragmentado y cuyo gasto es de los más elevados del mundo.
Esta propuesta fue presentada en un desayuno con la prensa organizado por Cippec y del que participaron su Directora Ejecutiva, Gala Díaz Langou, y los investigadores Rafael Rofman y Manuel Mera. El encuentro tuvo lugar este miércoles, apenas 24 horas antes de que los investigadores participaran de un debate sobre esta temática en el Senado de la Nación.
La sostenibilidad del sistema previsional argentino, indican desde Cippec, no solo ha captado la atención de los legisladores, sino también del Poder Ejecutivo, de Gobernadores y hasta de Gita Gopinath, número dos del FMI. Con todos ellos, explican desde el think-tank argentino, mantuvieron diversas reuniones en las últimas semanas para abordar esta dinámica.
Ley Bases: el artículo “problemático”
De acuerdo a los investigadores de Cippec, el proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados presenta dos impactos sobre el sistema previsional al derogar la ley 27.705 y crear una nueva Prestación de Retiro Proporcional. “El artículo 228 es problemático: intenta atacar problemas reales, pero al hacerlo crea otros”, señalan.
A la hora de enumerar esos problemas, los investigadores hacen hincapié en que el nuevo esquema “aumenta imprevisibilidad” ya que “delega en el Poder Ejecutivo la definición de todos los parámetros relevantes”. También señalan que mantiene el corte discrecional en los 30 años de aporte dado que “no soluciona las inequidades existentes entre quienes tienen más y menos de 30 años de aportes”, principal justificación de las sucesivas moratorias.
Por otra parte, también sostienen que la reforma aumenta el desorden normativo y que su impacto es mínimo, dado que “prácticamente nadie con menos de 30 años de aportes va a cobrar más que la PUAM”., mientras que por otro lado expresan que “si se hace más generosa, replica el costo de la moratoria”.
Pero más allá de ello, los investigadores de Cippec califican a las reformas propuestas por el Ejecutivo como “bienintencionadas” al tiempo que celebran que la fórmula propuesta por el Gobierno de Javier Milei ajuste por inflación ya que señalan que “no tiene que ser una herramienta para reducir el gasto”.
Por todo ello, desde Cippec creen que debe mantenerse el artículo 227 (de derogación de la ley 27705), pero solicitan que presente un segundo artículo que establezca un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo presente al Congreso un proyecto de ley de reforma integral del sistema.
Dicha modificación, sostienen, debería establecer un sistema de pautas entre las que figuran el acceso universal a los beneficios; haber previsional con una base universal y un componente proporcional a los aportes realizados; revisión de los regímenes y sistemas de excepción; reordenamiento de los esquemas de pensiones por fallecimiento e invalidez; adopción de reglas que lleven a un incremento gradual de la edad efectiva de retiro; habilitación y promoción de ahorro voluntario previsional; y mecanismos de transición gradual que respeten derechos adquiridos y eviten shocks entre quienes están próximos a jubilarse.
La necesidad de reordenamiento del sistema previsional
Para los investigadores de Cippec, el sistema previsional argentino es muy efectivo en dos de las tres dimensiones sobre las que se suele evaluar estas políticas: es decir, la cobertura, ya que más de un 90% de la población de 65 años y más tiene un beneficio previsional y la adecuación, dado que “los beneficios del sistema son razonablemente generosos”. Respecto de este último punto, precisan que el haber medio en el sistema nacional es cercano al 50% del PIB per cápita, o a 160% del Salario mínimo.
No obstante, consideran que la tercera dimensión –es decir, la sostenibilidad– es problemática porque Argentina gastó cerca de 12,2% del PIB en pensiones en 2020 y 10,5% en 2021. Esos valores, marcan, están entre los niveles más altos del mundo, con una población relativamente joven.
Y si bien explican que en los últimos dos años el gasto ha caído, en un proceso de “licuación”, creen que “probablemente no sea sostenido en el tiempo”.
Adicionalmente, agregan, “existen cerca de 200 regímenes de excepción”, que incluyen regímenes diferenciales, especiales, de fuerzas armadas y seguridad, no contributivos, provinciales y cajas profesionales. “Estos esquemas explican, en su conjunto, cerca del 50% del total de beneficios y el gasto”, advierten.
“Proponemos reordenar el sistema de manera equitativa, reduciendo el gasto”, marca el documento presentado por Cippec. Al respecto, marcan que la ANSeS gastó aproximadamente 8,3% del PBI en jubilaciones y pensiones en 2023 y que de ese gasto, 3,1% del PIB no fue financiado con contribuciones.
Ese déficit, precisan, se explica en mayor medida por el régimen general (1,8% PIB), seguido por pensiones no contributivas (1% del PIB). Además, aseguran que los regímenes especiales y diferenciales generan un déficit de 0,3% y 0,1% del PIB respectivamente.
Por otra parte, apuntaron contra las sucesivas moratorias que tuvieron lugar en Argentina, a las que calificaron como un “parche a un problema estructural”.
“Las moratorias son una solución temporal para quienes pierden sus contribuciones por no llegar a los 30 años de aportes. Pero esta excepción se ha vuelto la regla. En 2021, el 69% de las altas han sido a través de la moratoria”, marcan desde Cippec. Por eso, entre sus propuestas figuran “terminar con las moratorias permanentes” y “dejar de aprobar regímenes de excepción”.
Desafío demográfico
Por último, la propuesta elaborada por Cippec aporta cifras que permiten visualizar el desafío demográfico que enfrenta el país dada la mayor expectativa de vida de la población. Entre dichas cifras, destacan que en 1990, la esperanza de vida al nacimiento era de 71,8 años, pero agregan que hoy trepó a 78,1 años y proyectan que a final de siglo llegaría a 88,6 años.
En 1990, agregan, la expectativa para una persona que tenía 65 años era que viviera unos 15,6 años más. En la actualidad, esa cifra ya es de 18,4 años y alcanzaría 25,4 años hacia el año 2.100. En 1990, un 8,7% de la población tenía más de 65 años. Hoy es un 12%, y a fin de siglo llegará al 32%, agregan.
La fecundidad, en cambio, ha descendido en los últimos ocho años más rápido que en las seis décadas anteriores. Esto último también deriva en la “tasa de dependencia” esperada.
La tasa de dependencia, explica la propuesta, busca mostrar cuántas personas mayores de 65 años hay por cada 100 adultos de 20 a 64 años. Esa tasa, indicaron, crece muy rápidamente: era 17 en 1990, 21 en la actualidad y llegaría a más de 60 en 2.100. “En ese contexto, pretender mantener los parámetros actuales del sistema previsional es imposible”, advierten.