Buenos Aires — “¿Qué es lo que se viene?”, pregunta Jorge desde un taller de neumáticos sobre la Ruta 3 que atraviesa la ciudad rionegrina de Sierra Grande. La ironía remite a que Sierra Grande se ha convertido, para algunos, en la ciudad de los anuncios incumplidos.
El último anuncio es el de YPF, que comenzó la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur, que conectará la formación no convencional Vaca Muerta con las playas de Sierra Grande, para luego transportar el petróleo a unas monoboyas que estarán a cinco kilómetros de la costa.
La petrolera energética eligió también esta zona para el proyecto de GNL, que viene más atrasado. Esta había sido también la ciudad elegida por Fortescue para construir las plantas de hidrógeno verde, un anuncio de US$8.000 millones que no avanzó, como tantas otras promesas que alimentan el escepticismo de los locales.
Con 12 mil habitantes, Sierra Grande parece ser una ciudad de paso. Las calles de tierra se interrumpen con apenas algunas pavimentadas que le atribuyen a Miguel Ángel Pichetto, el diputado peronista que inició su extenso recorrido político como intendente de esta ciudad. Lo hizo por un breve mandato entre 1985 y 1987.
Aquella era una ciudad de más de 26 mil habitantes que vibraba detrás de Hipasam, la mina del hierro que se extraía a once kilómetros del pueblo. Propiedad del Estado Nacional, el mineral se procesaba en el puerto de Punta Colorada, hoy una playa rodeada de casas sin terminar que se lleva la vista en un extenso muelle y una planta de pelletización que hoy es una estructura gris por el desuso, el desgaste y el paso del tiempo.
Esa playa, que comparte la belleza que se le reconoce a Las Grutas, cien kilómetros al norte, será la principal salida de petróleo en Argentina en cuatro años. En 2026 saldrán 180 mil barriles por día e ingresarán US$5.000 millones al año. El número se irá multiplicando hasta llegar a los 750 mil barriles y US$21.000 millones en 2028.
Sierra Grande pasó de los 26 mil habitantes a 6 mil tras el cierre de la mina en 1991. Los activos de la empresa fueron transferidos a la provincia de Río Negro y administrados por Hiparsa para luego ser adjudicada, en 2004, por Compañía Minera Sierra Grande, de capitales chinos. El complejo minero realiza apenas algunas operaciones de mantenimiento. Hoy son 12 mil los habitantes de Sierra Grande.
Pero la historia puede cambiar. “Es una muy buena oportunidad para el pueblo, para que la gente deje de pensar mal y las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de crecer”, dice Alina, una chica de 17 años que transita el último año del colegio y desea que los anuncios proyecten un futuro distinto para Sierra Grande. Un futuro en el que no haya que irse a estudiar y trabajar a Viedma, Trelew, Puerto Madryn o Bahía Blanca. Un futuro en Sierra Grande.
Más descreído es Ramón, que muestra con orgullo los mamelucos que vistió y las fotos del camión minero que manejó hasta que en 1991 el Gobierno de Carlos Saúl Menem decretó el cierre de la mina: “Dios quiera que venga todo, hasta que no lo vea, no lo voy a creer”.
De 87 años, el exminero derivó en almacenero, pero harto de otra crisis económica puso en alquiler su local que pintó con los colores de Boca. “Los gastos fijos me mataron”, dice. El precio que ofrece para el alquiler es razonable y menor al que algunos dueños pretenden cobrar producto del auge que las inversiones prometen.
Ramón sugiere recorrer la zona de viviendas para los trabajadores de la mina: unas hectáreas de edificios de dos pisos, un amarrillo deslucido y poco habitados.
Unas cuadras más al sur está el sector F del barrio Hiparsa, zona de casas bajas rodeadas de árboles que delimitan el fin de la zona urbana hacia el oeste, donde se asoman las sierras blancas. En una de esas casas vive Aime Kircher, legisladora provincial. “Soy de Juntos Somos Río Negro pura”, dice, orgullosa de pertenecer al partido que lidera Alberto Weretilneck, el gobernador que transita su tercer mandato. El primero, entre 2012 y 2015, fue en reemplazo de Carlos Soria, asesinado por su esposa. Fue electo en 2015 con veinte puntos de ventaja sobre Pichetto. En 2023 regresó al gobierno provincial y negoció para que YPF elija Sierra Grande y el Golfo San Matías como ubicación para las plantas de GNL sobre Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Aime es consciente de los desafíos que enfrenta la ciudad y menciona a Añelo, la ciudad de Vaca Muerta, que no se preparó para el desarrollo que atravesó estos últimos diez años. Las empresas invirtieron más de US$40.000 millones para extraer el gas y el petróleo que hay debajo del suelo, que resultó en mayores ingresos y regalías para la provincia. Arriba del suelo hay familias que no tienen acceso al gas.
A Roxana Fernández, la intendenta, le preocupa que la desconfianza de los locales los deje fuera del boom. “No hay que esperar a ver los caños, hay que prepararse para cuando lleguen”, dice desde su despacho. Los vecinos tienen una respuesta para ese mensaje: “No podemos acelerar porque no hay recursos”.
Roxana reconoce que la ciudad atraviesa un déficit habitacional (de 400 viviendas) y no está preparada aún para recibir gente: “No vengan ahora, necesitamos tiempo. Espacio hay, pero hay que ordenarlo”. Para ordenarlo, el municipio, a través del gobierno provincial, pidió asesoramiento al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para llevar a cabo el proceso de planificación territorial.
La propuesta del CFI estará lista para enero y será la base para que el municipio avance en una ordenanza que les permita la planificación y los instrumentos de gestión para el uso del suelo urbano.
Para que se incluyan a los locales dentro de la red de proveedores, está involucrada YPF y la Fundación YPF, que realiza un relevamiento de empresas locales y capacitaciones en distintos rubros.
“Ojalá que se cumpla, todo lo prometido se tiene que cumplir”, dice Evaristo, dueño de una ferretería, que proyecta un aumento en las ventas y del personal. “Hay desconfianza. Han mentido tantas veces que ellos piensan que esto también es un verso. Pero yo soy optimista. Ojalá que vengan”.
