Senado debate reformas de Milei: tensión política, incertidumbre de inversores y final abierto

El oficialismo intentará este miércoles sancionar las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Negociación a contrarreloj para conseguir los votos

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Buenos Aires — El Senado discutirá este miércoles los proyectos de ley “bases” y “paquete fiscal”, iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que aspiran a desregular distintos sectores de la economía argentina y a implementar cambios en el sistema impositivo.

Los proyectos ya han sido sancionados en Diputados y los números para que el oficialismo pueda conseguir la aprobación en el Senado están justos. Si se aprueban, serán con cambios, por lo que deberán regresar a la cámara baja para su sanción definitiva.

El primer desafío para el Gobierno será alcanzar el quórum (37 bancas) que habilite la apertura de la sesión. Y no será sencillo, aunque en La Libertad Avanza hay optimismo de que no será un contratiempo. El senador radical Martín Lousteau, que presentó un dictamen propio (maniobra que anticipa rechazo al dictamen del oficialismo), adelantó que dará quórum.

El segundo desafío, aún más mayúsculo, será conseguir la aprobación de ambos proyectos. Para eso, el negociador político del gobierno, Guillermo Francos (jefe de Gabinete), avaló aún más cambios a los ya incorporados en los proyectos del Gobierno.

Las dificultades del Gobierno de poder avanzar en su agenda legislativa impactó negativamente en los mercados, mientras los inversores esperan que el presidente Javier Milei pueda dar resultados en la política.

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Los números del Senado

La cámara alta está integrada por 72 senadores: apenas siete son de la Libertad Avanza. Para garantizar el quórum y la mayoría simple se exigen 37. La primera minoría la compone el peronismo a través de los bloques referenciados en Unión por la Patria, que suman 33. Siguen la Unión Cívica Radical (13), LLA (7) y el PRO (6).

El resto de las trece bancas se dividen en partidos provinciales: el oficialismo de Río Negro (1), de Misiones (2), de Santa Cruz (2). Y aparece también el bloque Cambio Federal (3), Unidad Federal (3), Por la Justicia Social (1) y Comunidad Neuquén (1).

¿Tiene los votos el Gobierno?

El oficialismo asegrura contar con el apoyo del PRO, de al menos once radicales, de los senadores de Río Negro, Misiones, de los monobloques neuquinos (Lucila Crexell) y Por la Justicia Social y Cambio Federal: suma 32.

En esos 32 el oficialismo cuenta también con los tres peronistas del bloque Unidad Federal (Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Alejandra Vigo). Y negocia en distintos sectores de la oposición que el rechazo se expresen como abstenciones. Es el caso de Por Santa Cruz, cuyos dos senadores ya adelantaron que no darán quórum, por considerar que no se cumplieron los acuerdos que consistían en aumentar el tope (de 3% a 5%) de las regalías mineras que perciben las provincias.

Más cambios al proyecto

A esta altura se desconoce el detalle de los dictámenes que se discutirán este miércoles en el recinto del Senado, debido a que, por lo expresado por los senadores santacruceños, el Gobierno modificó alguno de los puntos acordados en la firma del dictamen como lo mencionado sobre regalías mineras.

Aún así, y según pudo averiguar Bloomberg Línea, entre otros cambios que se negociaron estos días está la exclusión de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas con participación del Estado a privatizar.

A grandes rasgos, los dictámenes firmados en las comisiones de la cámara alta limitan aún más las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo en comparación con el proyecto que se aprobó en Diputados. Incorpora cambios en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, para sumar mayor participación de pymes locales.

Mientras que en el paquete fiscal se incorporaron cambios al regreso del impuesto a las Ganancias, con un diferencial en el mínimo no imponible para la zona patagónica; en lo referido al monotributo, se incrementaron los techos de las categorías. Además, se sumó una cláusula en el blanqueo de capitales que extendió de cinco a diez años la imposibilidad de percibir los beneficios para los que son o fueron funcionarios públicos, incluyendo parentesco familiar directo, según Infobae.