Buenos Aires — La disparada del dólar sumó nerviosismo dentro del Gobierno. Si bien los funcionarios suelen desestimar las subas del dólar blue y las cotizaciones financieras en la Argentina, en esta oportunidad tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Sergio Massa, no tuvieron más alternativas que reconocer la importancia de la brusca aceleración y explicar cómo apuntan a contenerla.
Mientras el jefe de Estado ensayaba una explicación responsabilizando “a la derecha argentina”, el titular del Palacio de Hacienda no dudó en asegurar que el oficialismo usará “todas las herramientas del Estado” para ordenar la situación.
¿Cuáles son esas herramientas? De los mensajes publicados por Massa en redes sociales, puede inferirse que, además de “usar a la Justicia Penal”, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el titular de la cartera de Economía se refería a los bonos en dólares que posee el Estado, cuya utilización para contener a los dólares paralelos había sido objetada por el staff técnico del FMI tras la última renegociación de las metas.
Ventas de bonos para contener al dólar
Las ventas de títulos de deuda cotizantes en pesos y en dólares para contener a la divisa es una operatoria a la que el Gobierno ya apeló durante algunos de los períodos más álgidos de incertidumbre cambiaria.
Dicha operatoria consiste en vender títulos contra pesos y luego recomprarlos utilizando dólares de las reservas para que, al cierre del día, las tenencias de títulos no sufran modificaciones. Desde octubre de 2020 -mes en el que se inició la mayor corrida cambiaria que debió enfrentar este Gobierno- y hasta las elecciones legislativas de noviembre de 2021, estimaciones privadas calcularon que el Banco Central había dilapidado cerca de US$2.500 millones con esa maniobra.
Un año después, entre fines de 2022 y principios de 2023, el Gobierno volvió a intervenir en los dólares paralelos apelando a esta misma maniobra. Esa, especularon fuentes del mercado, habría sido la verdadera razón detrás del anuncio de recompra de títulos de deuda por US$1.000 millones de mediados de enero. Así, explicaban, el Gobierno buscaba transparentar la operación objetada por el FMI.
Más cerca en el tiempo, la posibilidad de que el Gobierno echaría mano a ventas de títulos públicos para contener al dólar había vuelto al centro de la escena en marzo pasado, cuando el Ministerio de Economía comunicó que forzaría a las entidades públicas a vender todos sus bonos en dólares de ley local (Bonaeres) vía licitaciones. Con el 70% de los pesos obtenidos, las entidades debían comprar títulos del Tesoro en moneda local, mientras que el 30% restante quedaría en efectivo en las entidades dueñas de los bonos, para invertirlos a discreción.
Por otra parte, las entidades públicas también debían canjear sus bonos en dólares de ley extranjera (Globales) por bonos duales (títulos en moneda local que pagan según la inflación o el dólar, lo que convenga más al inversor) que emitiría el Tesoro.
Según interpretó en ese momento la consultora 1816, el objetivo de esta medida era conseguir financiamiento para el Tesoro, en un contexto en el que los inversores locales venían rechazando títulos en pesos con vencimientos en el próximo mandato presidencial. Pero independientemente de la intención de la medida, el informe especial elaborado en ese momento por la consultora reflejó el “poder de fuego” que tendría el equipo económico para contener a los dólares financieros.
Poder de fuego
Según detalló el citado informe, la deuda total del sector público a septiembre de 2022 ascendía a US$380.000 millones, de los cuales un 67% era deuda en moneda extranjera, y el 46% -es decir US$176.000 millones- estaba en manos de entes estatales, como el Banco Central, el Fondo de Garantía de Seguridad (FGS) de la ANSeS o el Banco Nación (BNA). Pero de ese monto, precisó el trabajo, unos US$60.000 millones correspondían a Letras intransferibles suscriptas por el BCRA en las últimas décadas.
Por todo ello, los analistas de 1816 calcularon que los entes públicos tenían en septiembre US$32,5 mil millones de nominales de bonos en dólares, aunque calculaban que la cifra probablemente debía estar más de cerca de los US$35 mil millones tras el programa de recompra de deuda anunciado en enero. “De Globales habría apenas US$4.000 millones de nominales, mientras que el resto serían Bonares”, proyectaba el detallado informe.
“Según nuestras estimaciones basadas en información pública, el FGS tiene US$11,8 mil millones de nominales entre Bonares y Globales (casi todo de Bonares); el BCRA, US$15,3 mil millones de nominales (también casi todo de Bonares); y el Tesoro, US$1,6 mil millones de nominales (todo Globales, por la recompra de enero y febrero). Solo esos 3 organismos tienen US$28,7 mil millones de nominales de bonos en dólares”, decía 1816.
“Nosotros suponemos que los bonos del BCRA no se venderán y tampoco se venderán los Globales; habría así unos US$15 mil millones de Bonares para las licitaciones, incluyendo US$11 mil millones del FGS”, agregaba el trabajo. Esos US$15 mil millones de nominales de Bonares que podrían venderse, agregaban desde la consultora, “tienen un valor de mercado de alrededor de US$3.750 millones”.
