Buenos Aires — La petrolera israelí Navitas Petroleoum presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al gobierno del Reino Unido con las propuestas de perforación de pozos petrolíferos y producción en alta mar en la zona de las Islas Malvinas.
A la vez, tanto la empresa como el consejo gobernante del territorio han iniciado consultas a los isleños para definir si respaldan el proyecto petrolero.
Desde el medio británico The Telegraph destacaron que es la primera vez en la historia que las Islas Malvinas han abierto la puerta a la prospección petrolífera en sus aguas, “en una iniciativa que podría desencadenar un auge económico para la población local”.
Se cree que el yacimiento Sea Lion, a 150 millas al norte de las islas, contiene 1.700 millones de barriles de petróleo, “lo que lo convierte en varias veces mayor que Rosebank, la mayor explotación prevista en el propio Mar del Norte británico”.
Navitas controla el 65% del bloque en el que aspira a explotar 500 millones de barriles de petróleo. La empresa llevará a cabo audiencias de participación públicas entre los locales para definir si aprueban la explotación de hidrocarburos.
Reclamo de Argentina
Esta es, sin embargo, una situación que tensiona las relaciones diplomáticas con Argentina que mantiene vigente el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Desde Cancillería Argentina, que conduce Diana Mondino, respondieron a Bloomberg Línea que este asunto “es objeto de análisis para determinar eventuales acciones diplomáticas correspondientes”.
En 2023, Cancillería Argentina, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, repudió “las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa de origen israelí Navitas Petroleoum en las Islas Malvinas, que opera ilegítimamente en territorio argentino y no cuenta con permisos de exploración y explotación de hidrocarburos de la autoridad competente”.
En abril del 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina por la empresa petrolera israelí y declaró clandestina a dicha empresa “por desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio de la República Argentina sin estar habilitada para ello por las autoridades competentes argentinas”. Además, se la inhabilitó por el término de veinte años para desarrollar actividades en territorio argentino.