Buenos Aires — Entre 2020 y 2021 el término quantitative easing (QE) volvió a hacerse presente en los mercados, para denominar al mecanismo utilizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) para brindar apoyo a la economía y estabilizar al sector financiero. En concreto, se le llama QE al proceso mediante el cual la Fed adquiere bonos del Tesoro de los Estados Unidos y deuda respaldada por hipotecas, entre otros posibles instrumentos, para inyectar liquidez en la economía.
Y desde mediados de 2022 Argentina también viene teniendo su QE, aunque menos sofisticado: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ingresa al mercado secundario para comprar los bonos del Tesoro y de esa forma desatarles las manos al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES y a los bancos para que vayan a las licitaciones de deuda y compren otros títulos, de forma tal de lograr que el Ministerio de Economía consiga financiamiento para solventar el déficit fiscal.
Este mecanismo le viene permitiendo al equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, jactarse de obtener “financiamiento neto positivo” e incluso rechazar algunas ofertas del mercado. El 29 de mayo, sin ir más lejos, el Tesoro levantó en la licitación unos $773.710 millones, cuando vencían $477.867 millones (es decir, logró un extra de $295.843 millones). Al otro día, en la ronda de creadores de mercado, sumó otros $26.000 millones.
Según publicó el Ministerio de Economía tras la segunda ronda de la licitación, el financiamiento neto de lo que va del año es de más de $1,3 billones. Tras terminar la primera rueda, la cartera económica había resaltado que en esta última licitación el 70% de las adjudicaciones correspondieron al sector privado, mientras que el 30% restante, al sector público.
Sin embargo, la cifra de financiamiento neto (es decir, deuda extra) en lo que va de 2023 casi que coincide con las ayudas del BCRA mediante el mencionado Quantitative Easing. Es decir, si bien Sergio Massa intenta mostrar que son los privados los que apoyan al Tesoro en las licitaciones, lo cierto es que por detrás está el Banco Central emitiendo pesos para salvar al Gobierno.
“En lo que va del año, el financiamiento neto alcanzó los $1,2 billones, encontrándose bastante en línea con el QE que estimamos en el mismo plazo ($1,16 billones hasta la semana pasada)”, detalló un informe del broker Portfolio Personal Inversiones (PPI) al respecto. Cabe señalar que el número del financiamiento neto, como se mencionó en uno de los párrafos precedentes, llegó a $1,3 billones luego de la segunda vuelta.
Incluso, un informe de Facimex Valores fue más allá y estimó que el financiamiento neto del Tesoro, una vez descontado el QE, fue negativo en mayo.
“Descontando las compras del BCRA en el mercado secundario, el financiamiento neto es negativo por $164.000 millones (roll over del 96%)”, indicaron..
Por otro lado, el supuesto apoyo que recibe el Gobierno por parte de los bancos y que suele ser destacado por el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a través de Twitter, no es tampoco genuino.
¿Por qué? La normativa del BCRA, por motivos prudenciales, les exige a los bancos que mantengan una porción de los depósitos en efectivo o en cuentas corrientes en el Banco Central. Parte de esa liquidez puede ser colocada en Leliq, que son instrumentos que absorben y secan la plaza de pesos. Pero en los últimos años se liberaron restricciones para poder integrar esos encajes con títulos públicos.
“Desde 2018 se puede integrar una parte de ellos con los (bonos soberanos en pesos denominados) Botes, aunque en raras ocasiones esto representó más del 4% de los depósitos”, reseña un informe de GMA Capital. El documento continúa: “A partir de junio de 2021 se les otorgó a los bancos la posibilidad de que emplearan otros bonos como efectivo mínimo además de los recién mencionados, y en el último año también se flexibilizaron ciertas regulaciones al respecto. De esta forma, los títulos encajables pasaron a representar de 9,5% de los depósitos en abril de 2022 a 15,2% en abril del corriente año”.
Un informe de Delphos Investment reseñó que en esta última subasta los bancos privados, junto al Fondo y Garantía de Sustentabilidad, volvieron a ser los grandes protagonistas. “Entre el 22 y 24 de mayo desarmaron $223 mil millones de Leliq, seguramente preparándose para esta licitación”, puntualizaron desde la consultora.
En definitiva, el Gobierno sigue financiando el déficit fiscal con emisión y expansión monetaria. No solo por los giros que el BCRA le lleva envía al Ministerio de Economía (los adelantos transitorios llegan a $670.000 millones en 2023) sino también a otros mecanismos que obligan al Central a añadir pesos a una economía que no los quiere.
La última licitación de mayo
Dentro de los $773.710 millones adjudicados en la licitación del 29 de mayo, el 80% de lo corresponde a instrumentos con cobertura inflacionaria (el 62% pertenece a letras de corto plazo y el 18% restante con el nuevo BONCER con vencimiento en 2025).
Según un informe de Aurum Valores, sorprendió la participación privada del 70%. Sin embargo, aclara el documento, el saldo en mayo fue negativo. “En el mes, al sector privado le vencían $920.000 millones, de los cuales colocó $830.000 millones, una falta de financiamiento estimativa de $90.000 millones”.
