Buenos Aires — Distintas provincias argentinas han acelerado los trámites legislativos en estos días para sumar su adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y apuestan a generar climas institucionales que fomenten el ingreso de capitales que les permita, entre otras cosas, sostener el equilibrio fiscal de sus arcas en un contexto de menos transferencias por parte de la Casa Rosada.
Así lo expresaron cuatro gobernadores que este miércoles participaron del 21° Council of the Americas ante los empresarios y antes de la presentación del presidente Javier Milei.
“El gobierno está bajando la inflación, está dando señales”, dijo Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza (UCR), que pidió “dar señales políticas contundentes para dar certidumbre, certidumbre a los inversores nacionales e internacionales”. Según Cornejo, una de esas señales políticas fue la aprobación en el Congreso de la Ley Bases, con apoyo opositor.
“El paso que sigue es renovar la expectativa política de que hay gobernabilidad, que hay certidumbre, que hay un proyecto, que tiene sostenibilidad en el tiempo independiente de los gobiernos actuales”, agregó. Mendoza ya aprobó en la legislatura provincial la adhesión al RIGI, cuya instrumentación a nivel nacional se espera para finales de esta semana o principios de la próxima.
La provincia del vino apuesta a aprovechar el potencial de la cordillera con la exploración y producción de cobre, un debate que ha generado debates y rechazos ciudadanos años atrás. Con cambios en la legislación, Mendoza busca ahora que el RIGI materialice finalmente importantes inversiones mineras. Aún así, Cornejo señaló que el régimen es un buen instrumento pero es insuficiente para lo que es Pymes.
Distinto es el caso de Chubut, que también adhirió al RIGI pero que excluyó a la minería. Ignacio Torres (PRO) recordó ante los empresarios el impacto que generó las imágenes de los intentos de incendio a la Casa de Gobierno durante las manifestaciones anti mineras en 2021 cuando el oficialismo local intentó, sin éxito, modificar la norma y habilitar la operación de plata de Pan American Silver.
“Sin paz social y estabilidad es inviable ir hacia un país normal”, dijo Torres, que apuesta a continuar con el desarrollo de la explotación de los campos maduros en la producción de gas y petróleo.
Rolando Figueroa (MPN), gobernador de Neuquén, le toca administrar este año inversiones cercanas a los US$8.850 millones sólo en lo que es la actividad de exploración y producción de gas y petróleo en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.
En ese sentido, aseguró que “es una ventana de tiempo en la cual tenemos que monetizar absolutamente”. “Si no lo monetizamos va a ser un fracaso más qué vamos a tener y muy doloroso. Una última gran oportunidad para monetizar nuestro subsuelo, hay que generar condiciones”, dijo Figueroa, quien adelantó que propondrán un propio régimen de inversiones para la provincia.
Carlos Sadir (UCR), gobernador de Jujuy, destacó el avance de los proyectos de litio en su provincia (operan allí dos de las cuatro minas de carbonato de litio en actividad en el país) y anticipó que no modificará el esquema de regalías para los nuevos proyectos.
La sanción del paquete fiscal en el Senado elevó el tope del valor “boca mina” del 3% al 5% que las provincias pueden percibir en concepto de regalías.
Salta adhirió ayer al articulo del paquete fiscal que habilita el aumento de las regalías. Para que eso suceda, debe modificarse primero la ley de regalías provincial, algo que será discutido en el marco de la mesa del litio, precisó una fuente del gobierno salteño.
Pedido de federalismo
“Hay que prestarle atención a las provincias para desarrollar este país. El desarrollo de este país viene de la mano de las provincias”, dijo Figueroa, que antes deslizó un concepto similar pero a modo de chicana contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que lo precedió en el evento: “Me dijeron que tenía que ser breve porque el intendente de la capital federal se llevó demasiado tiempo, así que como siempre, las provincias argentinas vamos a tratar de resumir lo máximo posible, hablar menos y hacer más”.
“No hay posibilidad de crecimiento si provincias y nación son compartimentos estancos”, agregó Torres, que a principios del año protagonizó un enfrentamiento político con la Casa Rosada.
Según Cornejo, “las provincias se llevan el papel de las funciones sustantivas del Estado y deben hacerlo bien”. “El gobierno nacional debe desprenderse de las tareas estatales que no le competen y concentrarse en dar estas señales al exterior y a la economía de gobernabilidad”, agregó.
Trabajo en bloque
Con dificultades para el agrupamiento partidario, por la fragmentación en lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, diferencias en el peronismo y la presencia de ocho provincias administradas por fuerzas locales, los bloques por región le han permitido a los gobernadores negociar en el Congreso con el Gobierno y avanzar con agendas en común.
“Se logró que una región pueda ponerse de acuerdo en algunos temas donde todos los representantes, sobre todo en el Senado, para que las provincias acompañen independientemente de su afinidad político-partidaria”, explicó Torres sobre la liga de gobernadores patagónicos.
El trabajo de los gobernadores de la Patagonia fue clave para la decisión final de YPF y Petronas de elegir Río Negro como sede para la construcción de la planta de GNL.
Sadir, de Jujuy, se refirió a la mesa del litio que volvió a reunirse esta semana y que trabajan en conjunto el impacto de la aplicación del RIGI y el debate sobre las regalías. La mesa Jujuy la integra junto a Salta y Catamarca. Esta última, gobernada por el peronista Raúl Jalil, que tras apoyar la sanción en el Congreso también avanzará con la adhesión del RIGI a nivel local para impulsar proyectos de litio y cobre.
Esta semana se reunió también la mesa de provincias del norte grande, en la cual se discutió la problemática del transporte público de pasajeros, la situación de la obra pública y el estado de rutas nacionales y del corredor bioceánico. También el análisis actual sobre los ingresos coparticipables de fondos que reciben las provincias y “la necesidad de estudiar distintas iniciativas federales en ese sentido”, explicó un comunicado.
