La Justicia federal argentina inhibió los bienes del expresidente de la Argentina, Alberto Fernández, en el contexto de la causa que investiga al mandatario por supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
También se vieron afectados por esta decisión judicial otros exfuncionarios. Lo mismo ocurrió para el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la exsecretaria del jefe de Estado María Marta Cantero, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. En total son 33 personas y empresas.
La inhibición contra el expresidente y el resto de los mencionados fue dictada por el juez federal Julián Ercolini, quien fundamentó la medida en que se investiga en el expediente la posible existencia de una organización delictiva “que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
¿Por qué fue inhibido Alberto Fernández?
El pedido de inhibición contra el expresidente lo había solicitado el fiscal Carlos Rívolo, quien avaló las actuaciones y autorizó la “inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas” detrás del escándalo de los “brokers” de seguros.
La denuncia contra Fernández surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades vinculadas a las intermediaciones en los seguros de ANSeS y otros organismos durante el Gobierno anterior.
¿Qué implica la inhibición de bienes que pesa sobre Alberto Fernández?
La determinación del juez federal dispone “el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” de Alberto Fernández y solicita datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”, según detalla un artículo publicado en la agencia Noticias Argentinas (NA).
Asimismo, a partir de la inhibición, también se dispone el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre todos productos financieros del expresidente.
Por otro lado, Ercolini solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pida “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de los movimientos de Alberto Fernández desde el año 2009, rango que abarca “la totalidad de operaciones pasivas tales como números de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y/o en moneda extranjera, como también los extractos con los movimientos desde su apertura a la fecha”.
Asimismo, el juez busca conocer si existe “algún fondo común de inversión” o la “compra venta de moneda extranjera; compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega; adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”.
Ercolini también le pidió a la Oficina Anticorrupción, con carácter de urgente, las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) del expresidente y los demás investigados.
La decisión del juez federal Ercolini no afecta a la jubilación que recibe Alberto Fernández por haber sido Presidente, dado que ese ingreso tiene carácter alimentario.