Buenos Aires — En el marco del debate en comisiones de Diputados del proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, coloquialmente denominada ley ómnibus, distintos representantes de la sociedad civil de Argentina se han presentado para argumentar a favor o en contra de la misma.
Este martes asistió un representante de las empresas productoras de gas y petróleo y otro de las empresas industriales, con miradas distintas respecto a la iniciativa del presidente Javier Milei.
Mientras que las petroleras están abiertamente a favor de los cambios que se proponen para el sector, en el cual se dispone la libertad de precios y de exportación, los industriales reclaman contra el aumento en las retenciones y la no inclusión al régimen de grandes inversiones.
El respaldo de Vaca Muerta
Carlos Ormaechea, chairman de Tecpetrol (el brazo petrolero del Grupo Techint) y presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), dijo este martes en el plenario de comisiones de Diputados que la CEPH manifiesta su apoyo a las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que dispone el proyecto ómnibus.
Según Ormaechea, “la libertad de precios, la libertad de comercio, la eliminación de posibles discrecionalidades en las decisiones políticas relativas al sector van a impactar positivamente en el proceso de inversión”. Hizo foco también en el impacto positivo que tendrá en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.
En línea a esa proyección, arrojó algunos números. De crearse las condiciones a las que según el empresario apunta el proyecto, para el 2030 “la producción de gas y petróleo puede multiplicar por dos veces y media la producción actual”.
Dijo que “habrá una inversión a régimen anual de unos US$15.000 millones todos los años, que permitirá crear nuevos empleos de calidad y muy bien remunerados por una vez y media de los que hoy tiene la industria”.
De esta forma, Argentina se vería beneficiada con ingresos adicionales para el fisco de unos US$5.000 millones por año, de los cuales US$3.000 millones serían regalías a las provincias y US$2.000 millones al fisco nacional.
Mientras que la balanza comercial energética podría ser superavitaria en US$25.000 millones para 2030, según los cálculos del presidente de una cámara que reúne a las principales empresas productoras de gas y petróleo en Argentina, incluyendo a YPF, Pluspetrol, Vista y Pampa Energía, entre otras.
El reclamo de la UIA
Distinto es el escenario que planteó Diego Coatz, economista en jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), cámara que reúne a las principales empresas industriales del país, incluyendo a Techint.
El primer reclamo de Coatz fue contra el aumento generalizado del derecho a la exportación, que para los bienes industriales y alimentos de valor agregado aumentará al 15%. “Esto penaliza al valor agregado en un contexto donde la competencia es cada vez más dura en los mercados globales”, dijo Coatz.
El economista agregó que esta medida impactará “de manera muy negativa en el comercio exterior de Argentina”. Y precisó que las exportaciones de valor agregado industriales y de alimentos representan casi el 40% del total (US$27.000 millones).
Coatz reconoció, además, la necesidad del Gobierno de buscar equilibrios macroeconómicos, fiscales y externos, para lo cual sugirió ir a un esquema en el cual las industrias que hoy perciben retenciones cercanas al 4% pasen al 6% o al 8% hasta mitad de año, mientras que las que no perciben retenciones pasen al 4%.
También pidió que se incluya al sector industrial dentro del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), que incluye a los sectores de la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología.
“Proponemos que la industria sea un sujeto alcanzado por el proyecto para diversificar aún más la estructura de exportaciones y desarrollar territorialmente al país, que es una deuda pendiente”, dijo el economista.
Respecto al blanqueo de capitales que se propone en el proyecto, Coatz propuso que se incorporen reconocimientos a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones. “La industria genera el 30% de los ingresos fiscales, tiene salarios 30% por encima del promedio, con más formalidad, donde la competencia desleal es cada vez un problema recurrente, por eso proponemos incentivos para los contribuyentes que cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones tributarias”.
