Buenos Aires — La reciente decisión del presidente, Javier Milei, de vetar la ley previsional con la que la oposición argentina busca forzar un nuevo esquema de movilidad para los haberes jubilatorios ha desatado un debate sobre el impacto fiscal que podría tener su implementación. La norma, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, preveía un incremento del gasto público de 0,44% del PBI en 2024, una cifra que podría elevarse a entre 0,69% y 1,25% del producto en 2025, dependiendo de la evolución de los precios y los salarios, de acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
“Ayer los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”, dijo Milei el viernes último, y advirtió: “Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos US$370 mil millones, arruinándole la vida a nuestros hijos, nuestros nietos y a generaciones futuras”.
La OPC, en cambio, calculó números muy inferiores a los esbozados por el mandatario, los cuales han sido objeto de análisis por parte de varios economistas. Algunos de ellos sugieren que la nueva actualización efectivamente presionará la solidez fiscal del Gobierno, que apunta al primer superávit financiero del país desde el 2008. Sin embargo, no todos coinciden en que el impacto sería tan significativo, señalando que existen márgenes para realizar ajustes en otras áreas del gasto público.
Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, destacó que “este aumento complicaría” el resultado fiscal, ya que “la indexación que se realiza, no solo por salarios, que son los que hacen los aportes y demás, genera problemas. Yo en eso estoy en sintonía con lo que se planteaba, de que la mejor indexación, si se quiere, es por salarios”. Vitelli subraya que la ley pone en jaque la solidez fiscal del Gobierno, más allá de que confía en que “el compromiso con ello es férreo”. Además, advierte que asignar mayores gastos sin recursos adicionales “es apelable dentro de la ley de administración financiera”.
Cabe recordar que grandes bancos internacionales venían pronosticando un equilibrio fiscal anual para la Argentina en 2024. Morgan Stanley, por ejemplo, esperaba a inicios de agosto que el resultado financiero quede en -0,2% del PBI, mientras y anticipa un superávit primario de 1,6%.
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Por su parte, Pablo Repetto de Aurum Valores tiene una visión algo menos pesimista en caso de que se ratifique el aumento. Basándose en el informe de la OPC, señala que “no parece ser un efecto realmente muy significativo”. Repetto sostiene que “hay márgenes en varios lugares de gastos como para que podrían ser ajustados sin necesidad de tener un deterioro del haber jubilatorio”. También menciona que los ingresos adicionales a las arcas públicas por la restitución del impuesto a las ganancias, tanto para las provincias como para la Nación, podría compensar parte del costo fiscal.
“La realidad es que devolverle a los jubilados el porcentaje que no le aumentaste por la inflación de principio de año suena razonable, mientras que vetar, decir que no lo vas a dar y mantenerte con un DNU, en lugar de tener una ley que te evite problemas el día de mañana,. parece una situación un poco sostenible”, sumó Repetto, al tiempo que sentenció que “por lo menos por lo que se estima desde la OPC, resulta un poco difícil de explicar esta puja”.
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En tanto, Tobias Pejkovich Balbiani de Facimex Valores apunta que, si bien el costo fiscal de la nueva fórmula de movilidad en 2024 asciende a 0,74% del PBI, “el Gobierno venía otorgando bonos de ARS70.000 para los jubilados de menores ingresos”. Si se asume que esa práctica continuaría, “en realidad el costo efectivo de la nueva fórmula de movilidad asciende a 0,44% del PBI”.
Además, el analista destaca que “el costo fiscal de la nueva fórmula podría compensarse con los ingresos adicionales que generarían el paquete fiscal y el blanqueo en conjunto”, que podrían alcanzar el 0,68% del PBI según estimaciones del equipo económico y el FMI.
La ley que vetaría Milei también establece que al cierre de cada año se debería observar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del indicador salarial RIPTE. Si la variación anual del RIPTE supera a la del IPC, en marzo se otorgaría una mejora a los haberes equivalente a la mitad de la diferencia entre ambas evoluciones. La OPC evaluó dos escenarios para 2025: en uno de ellos, sin suba adicional por la mejora salarial, el impacto fiscal sería de 1,14% del PBI; en el otro, con una mejora del 2,93% de las prestaciones, el costo subiría a 1,25% del producto.
La advertencia de Sturzenegger
Más allá del impacto fiscal inmediato, desde el Gobierno advierten por consecuencias a más largo plazo. Según estimaciones del oficialismo, el aumento del gasto en 2025 podría ser de 1,2% del PBI. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó que la ley “representa en valor presente una deuda que se le carga al Estado de 24% del PBI”.
Sturzenegger cuestionó duramente la normativa, calificándola como una “irresponsabilidad” por parte del Congreso.
Mitigar el impacto con más ajuste
No obstante, Repetto de Aurum Valores matizó estas proyecciones, argumentando que “hay áreas de todo el aparato del Estado Nacional en donde tenés para realizar ese tipo de ajustes”.
En tanto, Vitelli, de Romano Group, expresó dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas bajo el nuevo esquema, pero también sobre la redacción de la ley, la cual “tiene algunas falencias” que podrían dar margen al Gobierno para apelar ciertos puntos.
Finalmente, Pejkovich Balbiani insistió en que, si el ajuste sobre el gasto persiste y la actividad económica se recupera, “el Gobierno estaría más cerca de alcanzar la meta fiscal”. Para él, el impacto fiscal de la nueva ley, si se aplicara, podría ser absorbido por los ingresos adicionales esperados, aunque advirtió sobre la elevada incertidumbre que rodea cualquier proyección macroeconómica en el contexto actual.
Si bien el aumento a jubilados podría representar un desafío para el equilibrio fiscal, los economistas consultados coinciden en que existen mecanismos para mitigar su impacto. La clave estará en la capacidad del Gobierno para realizar ajustes en otras áreas del gasto y en la evolución de la economía en los próximos meses. Sin embargo, la discusión está lejos de concluir, ya que el veto presidencial mantiene en vilo el futuro de la normativa y de los millones de jubilados que dependen de ella.
