Buenos Aires — La oposición en la Cámara de Diputados fracasó en su intento de insistir con la fórmula jubilatoria sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Así, el Gobierno logró un triunfo político al blindar el veto del Ejecutivo.
Para insistir con el proyecto, Diputados debía alcanzar dos tercios del recinto, es decir, 166 bancas: los votos afirmativos alcanzaron los 153 (87 en contra y 8 absteciones). El pasado 5 de junio, cuando la Cámara baja sancionó este proyecto que modifica la fórmula para actualizar jubilaciones, se alcanzaron 160 votos afirmativos. Es decir, si se repetía el resultado de aquella sesión, el veto se rechazaba.
El oficialismo logró este rechazo a la insistencia a la fórmula tras quebrar a un sector de la oposición: la Unión Cívica Radical. Y también, al revertir la posición (respecto a la aprobación en junio) del bloque Innovación Federal.
Cambios respecto a la sanción
Los siete votos menos que este miércoles alcanzó la oposición, respecto a la votación de junio, se explica principalmente por cinco diputados radicales que antes votaron a favor y esta vez votaron en contra.
Se trata de Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y José Tournier, que esta semana visitaron al presidente Javier Milei en Casa Rosada.
También varió la posición de los ocho diputados que integran el bloque Innovación Federal, que representa a los gobiernos de Misiones, Río Negro y Salta. En junio votaron a favor de la nueva fórmula jubilatoria. Este miércoles se abstuvieron a votar.
Impacto fiscal de la fórmula aprobada en el Congreso
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), elaborado tras la sanción en Diputados, la fórmula aprobada por el Congreso y vetada por Milei representaba un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI este año, en caso que se continúen pagando hasta fin de año los bonos de $70.000 para jubilados de menores ingresos. Si se descontinúan, el costo añadido equivale al 0,74% del PBI.
Ese 0,44% es el aumento incremental respecto a la fórmula vigente, que tiene una incidencia sobre el PBI del 7,61%.
El total de las erogaciones previsionales y de asignaciones asciende de $41.809.753 millones a $44.104.069 millones, una diferencia de $2.294.316 millones.
Para 2025, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la diferencia entre la fórmula de la normativa vigente y del proyecto sancionado, sin considerar bonos e incorporando un aumento en los haberes del 2,93% (en el marco de la ley aprobada), será del 0,80 puntos porcentuales, desde el 7,68% (sobre el PBI) a 8,84%.
