Buenos Aires — El presidente Javier Milei envió este miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación su primer proyecto desde que asumió el pasado 10 de diciembre. Consta de un paquete de reformas titulado “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
En más de 300 páginas y cuatro capítulos, el proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025 y aborda la desregulación de la economía. Esta declaración dispone delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional en todas las áreas mencionadas por dos años con la posibilidad de ser prorrogado por otros dos años.
Según los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo busca esta delegación para “promover y asegurar la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres”.
Hace una semana, emitía un decreto con más de 300 modificaciones y derogaciones a leyes, que aún no fue discutido por el Congreso. El proyecto enviado por Milei, propone también, ratificar ese decreto.
Principales reformas
Entre las principales reformas que figuran en este proyecto de ley, se promueva declarar sujetas a privatización 41 empresas entre Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas, entre las que figuras Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación e YPF.
Se promueve también eliminar la actual fórmula de movilidad jubilatoria. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, dice el proyecto.
Se convoca a una regularización de activos, comunmente conocida como “blanqueo de capitales”, para sujetos argentinos y no argentinos (con bienes en el país).
Además, se confirma lo anticipado por la Secretaría de Bioeconomía y por el ministro de Economía, respecto a una suba general de retenciones a la exportación, con la excepción de la soja (que continúa en 33%) y distintas economías regionales.
Se fija entonces una alícuota del derecho de exportación del 15% “para todas aquellas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que actualmente no estuvieran gravadas con derechos de exportación”, o que “actualmente estuvieran gravadas con una alícuota inferior al 15%”.
Pese a que Caputo había anticipado una suba de retenciones para estos sectores, el Gobierno propone mantener la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería.
Hay varios cambios en lo que respecta a la Ley de Hidrocarburos y el sector energético. Por caso, el Gobierno propone modificar la norma vigente y prohíbir la intervención del Poder Ejecutivo en “los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”.
Y propone que las empresas estatales podrán vender “únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”.
Además, y en lo que respecta a la importación, el Gobierno propone que “el comercio internacional de hidrocarburos será libre”.
