Buenos Aires — El Gobierno argentino confirmó que quienes perciban la suma fija de $60.000 anunciada el domingo no podrán acceder a dólares en el mercado oficial. Esta nueva restricción cambiaria fue anunciada este martes por la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, en declaraciones radiales.
Apenas dos días después del anuncio de que en septiembre y octubre los trabajadores del sector privado formal y público percibirán un ingreso extraordinario, denominado suma fija, la titular de la cartera de Trabajo confirmó esta restricción, similar a la que había tomado el Gobierno en 2020 cuando limitó el acceso a dólares oficiales a quienes percibieron la ayuda estatal del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
La suma fija, cabe recordar, será percibida en septiembre y octubre por todos los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios netos sean inferiores a $400.000 mensuales. Según estimaciones del oficialismo, se trata de un universo de 5,5 millones de personas en el sector privado y de 390.000 en el sector público.
Según Olmos, el que perciba la suma fija quedará afuera de la posibilidad de acceder a la compra de dólar oficial. Ese dólar oficial, denominado dólar ahorro o dólar solidario, es el dólar oficial minorista sumado el impuesto país (30%) y la percepción de ganancias (45%). Con esos tributos alcanza hoy los $642,25.
Desde que el Banco Central reinstaló el cepo cambiario, en septiembre de 2019, restringió el acceso a este tipo de cambio (que es de un máximo de US$200 por mes) a todos aquellos que perciban beneficios del Estado.
“Efectivamente lo que no queremos es que esto vaya a la brecha, sino que vaya al consumo”, dijo Olmos. Sin embargo, en la entrevista radial con Urbana Play, Olmos dijo que esto también incluía la compra de dólar MEP. Horas más tarde, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) aclararon que eso se trató de un furcio de Olmos y que los que accedan a la suma fija no estarán restringidos de acceder al dólar financiero.
Aún así, según las fuentes oficiales consultadas por Bloomberg Línea, aún hay dudas respecto a la aplicación de esta norma, y los límites en la aplicación quedará definido una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial.
Este lunes, tras la confirmación de la medida, distintas cámaras empresariales manifestaron su rechazo. Una de ellas fue la Cámara Argentina de Comercio (CAC), por considerar “las negociaciones paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector”.
El rechazo fue compartido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A través de un comunicado, advirtió que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
Al igual que la CAC, CAME afirmó que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”.
Una fuente de la Unión Industrial Argentina (UIA) agregó que cualquier medida de recomposición salarial debe ser a través de las paritarias, dado que este tipo de decretos distorsionan las negociaciones colectivas.