Buenos Aires — Este miércoles se llevará a cabo la segunda marcha universitaria del año, tras la masiva movilización de abril. Esta vez, será para pedir al Congreso que insista en la Ley de Financiamiento Educativo ante el anunciado veto por parte del presidente Javier Milei. En el trasfondo, está también la discusión por los salarios y las negociaciones truncas con el Gobierno.
Ese veto, anticipado por el Poder Ejecutivo y ratificado el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, deberá ocurrir antes del jueves 3 de octubre, fecha en la que vence el plazo que tiene el Ejecutivo para vetar la Ley. Si no ocurre, la Ley se promulgará de manera automática.
La marcha, cuyo espíritu es defender el rol y los presupuestos de las universidades públicas, ha sido convocada por rectorados, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, como también agrupaciones políticas y sindicatos.
Durante esta semana, se ha librado una discusión respecto a los salarios que reciben los docentes universitarios, las auditorías que reciben estas instituciones y su funcionamiento.
Respecto a los ingresos, desde el Ministerio de Capital Humano informaron que las universidades rechazaron un aumento del 6,8% para el mes de octubre. Si esa suba se validaba, los salarios de los docentes hubiesen acumulado, en lo que va del 2024, un aumento del 91,86%.
Entre enero y agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC ya acumuló una suba del 94,8%, superior a lo previsto para los docentes en la suba rechazada. Para septiembre y octubre, el Relevamiento de Expectativas del Mercado que mide el Banco Central prevé un aumento mensual del 3,5%.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo en declaraciones a Radio Urbana que los ingresos de los docentes universitarios se ubica por encima del promedio del Estado.
Según el último índice de salarios del Indec, con información hasta julio del 2024, los haberes del sector privado registrado reportaron una suba del 105,8%, mientras que en el caso del sector público el aumento fue del 84,9%.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti (y dirigente de la UCR), dijo en una entrevista a El Cronista que un docente universitario que no tiene antigüedad y trabaja 8 horas todos los días de la semana cobra ARS$820.000 pesos en la mano (US$816).
¿Qué dice la Ley aprobada en el Congreso?
La Ley de Financiamiento Universitario, promovida y aprobada por la oposición, decide la actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales públicas.
Ordena actualizar los créditos presupuestarios del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por IPC informado por el INDEC descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el pasado primero de diciembre y hasta que se sancione el proyecto como ley, y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, este proyecto tendrá, para el ejercicio vigente, un impacto presupuestario de ARS$738.595 millones, equivalentes al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los argumentos del Gobierno
En la discursiva del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, del cual depende la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, aseguraron que las universidades no saben administrar los fondos transferidos, que el 89% de los fondos transferidos a la UBA entre el 2015 y el 2022 no han sido auditados y que el 60% de los alumnos universitarios no son alumnos regulares.
