Buenos Aires — Con el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, Javier Milei volvió a apelar a dos de los pilares sobre los que cimentó su Gobierno. Además de argumentar su decisión en la imposibilidad de aumentar el gasto sin explicitar de dónde saldrán esos recursos, ratificando así su férreo compromiso con el equilibrio fiscal, volvió a transparentar que su estrategia política se basa en buena medida en la confrontación con dirigentes opositores a los que asocia a pesar de pertenecer a espacios políticos diferentes.
En una entrevista con Bloomberg Línea, el politólogo Lucas Romero consideró que la estrategia de polarización a la que apela Milei es “inteligente desde el punto de vista discursivo” ya que busca conservar sin fisuras el escenario que lo llevó al poder en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2023, aunque también alertó que identificar a toda la oposición con la figura de Cristina Kirchner puede tener consecuencias negativas desde un punto de vista económico.
En esa línea, el director de la consultora Synopsis también explicó por qué “al Gobierno no le conviene utilizar este conflicto” con la comunidad educativa a la hora de convencer a la sociedad de que está repartiendo las cargas del ajuste de manera equitativa. “Además de tener buenas decisiones en materia de política económica, el gobierno debe tener una buena estrategia política y mucha pericia para ejecutar el ajuste y no morir políticamente en el intento”, señaló.
La siguiente entrevista ha sido editada con motivos de extensión y claridad
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¿Qué lectura haces de la decisión del Gobierno de sostener el veto a la ley de Financiamiento Universitario a pesar de la marcha de las últimas horas?
Vamos a ponerle un marco general y un marco específico al asunto para entender la decisión: el marco general que es que es un gobierno que está intentando hacer el ajuste, corregir un desequilibrio fiscal porque no hay fuentes de financiamiento para financiar el déficit. El gobierno tiene legítimamente la facultad de decidir cómo hace el ajuste y hasta tiene margen de acción porque tiene prorrogado el Presupuesto 2023. Y como la economía argentina tiene una nominalidad alta, le permite tener amplia discrecionalidad para acomodar el gasto público del modo que lo desee. Pero en ese contexto surge un conflicto con la comunidad educativa a propósito del gasto que realiza el Estado en materia de educación universitaria. Y allí aparece la primera marcha de abril, que fue multitudinaria, federal. Tuvo repercusiones en todo el país e instaló este conflicto sobre cuánto se debe gastar en materia educativa, sobre todo en materia educativa universitaria.
Esto produjo el ingreso del Congreso a la escena, porque a diferencia de la marcha de abril, esta marcha se da en un contexto muy distinto, que es que aparece una ley del Congreso que fija un objetivo de inversión educativa. Es decir, le dice al Gobierno ‘acá no ajustes tanto’. Y lo dice de manera legítima porque efectivamente el Congreso tiene la facultad de determinar el gasto del Estado. De hecho, es el Congreso el que aprueba los presupuestos todos los años. Con lo cual, acá lo que tenemos es un conflicto entre poderes.
¿Por qué el Gobierno insiste con vetar la ley pese a no tener todavía seguridad de contar con los votos para blindarlo?
Porque creo que el gobierno está entendiendo que no puede ceder en este conflicto, porque si cede en este conflicto está obligado a ceder en otros conflictos o en otras demandas de no ajustar el gasto público. Entonces prefiere que en todo caso sea una imposición y no una cesión del Ejecutivo a una demanda sobre una decisión de ajustar el gasto en un rubro determinado.
¿Crees que la ratificación del veto presidencial 24 horas de la realización de la marcha refleja solo el fuerte compromiso del Gobierno con el ancla fiscal? ¿O crees que puede -y debe- interpretarse también dentro de la estrategia de polarización y confrontación que hasta ahora le ha rendido a Milei?
Todo ocurre en un contexto en donde el gobierno tiene que lograr hacer el ajuste y sobrevivir políticamente en el intento. Cuando uno repasa qué ocurre con los gobiernos que hacen un ajuste fiscal severo, uno va a encontrar con que la mayoría fracasan políticamente. O sea, la mayoría no sobrevive políticamente a ejecutar un ajuste de gran magnitud. Entonces, acá empieza la importancia de la estrategia política. Es decir, cómo hace el gobierno políticamente para sobrevivir a un ajuste de estas características.
¿Qué puede hacer para sobrevivir?
Ahí es donde los investigadores que han estudiado este tipo de procesos ponen el foco. Sobre todo en cuatro aspectos que me parece muy interesante remarcar. Uno: ¿Cuál es la magnitud del ajuste que se va a hacer? Lógicamente, la magnitud del ajuste te define la tolerancia política y social. Segundo, la capacidad del gobierno de explicar o fundamentar la necesidad del ajuste. Yo creo que en esto el gobierno ha hecho bastante mérito y esfuerzo por tratar de convencer a la gente de que es necesario lograr el equilibrio fiscal, y en este punto el gobierno parece estar bastante bien orientado. Tercer aspecto central que citan los investigadores, tener una política de contención del impacto social del ajuste. Acá es donde empieza a crujir esta estrategia que está implícita en tu pregunta de usar el ajuste como una estrategia de polarización política. Ahí quizás no se logra transmitir la sensación de que el gobierno está siendo sensible frente al padecimiento social del ajuste. Sobre todo cuando discuta políticamente en temas muy delicados o sensibles a la opinión pública como son los temas educativos.
¿Por qué crees que ocurre eso?
Porque sigue siendo la educación un tema muy caro al sentimiento de la sociedad, sobre todo porque observa en la educación el factor de movilidad social ascendente, la expectativa de movilidad social ascendente la observa en la posibilidad de que pueda tener educación pública libre y gratuita. Y el último aspecto que citan los investigadores como factores de éxito de gobiernos que hacen el ajuste es convencer a la gente de que cuando uno hace el ajuste lo está haciendo de manera justa. Es decir, que está repartiendo las cargas del ajuste de manera equitativa y acá es donde me parece que al gobierno no le conviene utilizar este conflicto como un conflicto para polarizar políticamente con la oposición, porque es un conflicto que está tocando un nervio muy sensible y que puede llevar a interpretar a la opinión pública de que el ajuste no está siendo justo. Y el gobierno necesita convencer a la sociedad que el ajuste está siendo ejecutado de manera justa porque hace a la legitimidad, no solo del ajuste, sino de que la sociedad le tenga tolerancia al ajuste.
Se ha repetido que el Gobierno llegó al poder en un contexto inédito dado que cuenta con el mandato popular de hacer el ajuste. ¿Influye eso?
Hay un viejo dicho popular que dice una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. En este caso, una cosa es decir acepto que se haga el ajuste y otra es sufrirlo, padecerlo. Y estamos en la etapa en donde la sociedad lo está padeciendo. Entonces, esto de que tiene el mandato para hacer el ajuste es relativo en ese sentido, de hecho estamos observando en indicadores de opinión pública algo que nos parecía que iba a ser natural observar, que es un incipiente proceso de erosión o de desgaste del gobierno en materia de apoyo social, en un contexto donde la economía todavía no responde en los términos que el gobierno quería que respondiese después de la primera etapa de correcciones. Entonces, es difícil sostener que la sociedad le va a tener paciencia infinita al gobierno, es muy probable que la sociedad empiece a malhumorarse si la economía no recupera, con lo cual la idea de que el mandato social para hacer el ajuste está garantizado es relativa en ese punto.
Depende de la economía.
Yo te diría, el gobierno se equivoca si cree que el 55,7% de la gente que lo votó el 19 de noviembre en una segunda vuelta es un núcleo social sólido que no va a observar erosiones o no va a observar fisuras frente a un gobierno que no logre ofrecerle respuestas económicas. Es un error desde el punto de vista comunicativo que el gobierno sostenga esa idea de que 14 millones y medio de personas apoyaron este proyecto. Sí, puede ser que eso sea el resultado del balotaje, pero no creo que sea buena idea pensar que esos 14 millones y medio de personas sostengan su apoyo en un contexto donde la economía no ofrezca soluciones o mejoras a la vida cotidiana de la gente. Es un gobierno que va a sufrir lo que sufren los gobiernos que hacen ajuste, que es la posibilidad de que empiece a crecer el mal humor social respecto de ello, con lo cual necesita lograr ordenar la economía antes de que se le termine de desordenar la política, creo que ahí está el desafío de este gobierno. Por eso además de tener buenas decisiones en materia de política económica, el gobierno debe tener una buena estrategia política y mucha pericia para ejecutar el ajuste y no morir políticamente en el intento.
Tras la marcha, la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado en el que calificó de “irresponsable” el proyecto de ley y en el que celebró “el sinceramiento” de Cristina Kirchner, Massa, Lousteau, Larreta y Elisa Carrió de haberse unido públicamente. ¿Qué lectura haces de esa reacción oficial?
Bueno, es una reacción inteligente desde el punto de vista discursivo. Trata de plantear el problema desde un encuadre que la gente lo pueda interpretar y sea compatible con esta idea de convencer a la gente de la necesidad del equilibrio fiscal. Ahora, desde el punto de vista discursivo, eso puede ser inteligente, no está efectivamente sujeto a la realidad porque en definitiva no tenemos presupuesto. El Congreso define ingresos y gastos del Estado en el marco de la discusión presupuestaria. Esa discusión no ocurrió en la Argentina y no ocurrió porque el propio presidente no quiso que ocurriese. Entonces el Congreso tiene toda la legitimidad de plantearle al Ejecutivo que no ajuste hasta este nivel. El otro punto es esto de querer amontonar a actores de la oposición, todos juntos, con quizás el actor más desprestigiado para ese 55,7% de los votantes que apoyaron a Milei, que es la figura de Cristina Kirchner.
¿Qué gana el Gobierno encolumnando a todos esos dirigentes detrás de la figura de Cristina Kirchner?
Identificar a toda la oposición con la figura de Cristina Kirchner tiene este objetivo que es central para Milei, y que es tratar de conservar que la organización de la opinión pública mantenga la forma que tuvieron los votantes el 19 de noviembre pasado. Es decir, que se conserve ese 55,7% sin fisuras, sin modificaciones. Para ello, la polarización con la figura de Cristina Kirchner le resulta muy útil al presidente y así uno puede entender alguna estrategia inteligente desde el punto de vista político. No queda claro, y esta es una discusión entre los economistas, si es inteligente mantener viva políticamente a Cristina Kirchner como una amenaza pensándolo en términos económicos. Porque quienes miran la escena desde el punto de vista económico podrían decir, bueno, si en la Argentina todavía una figura como Cristina Kirchner tiene posibilidades de acceder al poder, no me queda del todo claro hasta qué punto la Argentina decidió cambiar las reglas que gobiernan su economía. Entonces, puede ser que políticamente Milei necesite tener a Cristina cerca, pero puede ser que económicamente sea una amenaza a la hora de convencer al mercado de que efectivamente la Argentina cambió su mirada sobre cómo se debe gobernar una economía y tengamos todavía el riesgo de que ese populismo que el mercado rechaza pueda volver a ser gobierno en el futuro.
