Buenos Aires — Desde el miércoles al mediodía la Cámara de Diputados discute la “Ley de Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos” enviada al Congreso por el presidente Javier Milei. Un mega proyecto de 664 artículos que llegó al recinto con la mitad de ellos y negociaciones aún pendientes. Con apoyo para la votación de la ley en general, el oficialismo negocia con los bloques opositores más cercanos algunos de los artículos que el Poder Ejecutivo considera clave. Tras más de diez horas de debate, se llamó a un cuarto intermedio para continuar este jueves al mediodía.
Entre esos puntos clave, en los que aún no hay acuerdo, está la privatización de empresas con participación del Estado, la delegación de facultades y los debates en torno al impuesto PAÍS.
La Libertad Avanza cuenta con el acompañamiento de al menos cuatro bloques para aprobar el proyecto en general. Más de 140 votos. Una vez superada esa instancia comienza a discutirse uno por uno los más de 300 artículos que integran el texto. Y aún falta acuerdo en varios de ellos.
Esos bloques opositores, como Hacemos Coalición Federal o la Unión Cívica Radical, reconocen que no hay demasiado margen para rechazar algunos de los artículos que Milei considera clave. Sin embargo, la facilidad de alcanzar el número para el rechazo los habilita a continuar con las negociaciones y lograr más concesiones.
Hasta las 21 horas, después de más de 10 horas de debate, los diputados no contaban con el dictamen con el proyecto que se discutía, a raíz de los cambios que minuto a minuto se incorporan en los distintos despachos del Palacio Legislativo.
Privatización de empresas
El artículo 7º del proyecto faculta al Poder Ejecutivo nacional a “privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional”.
Consta en un listado de treinta y tres empresas entre las cuales aparece Aerolíneas Argentinas, las empresas ferroviarias, Yacimiento Carbonífero Río Turbio, la agencia de noticias Télam, entre otras.
Hay otras tres (Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat) en las cuales el Estado sólo podrá privatizar parcialmente. YPF aparecía en el proyecto original y fue excluida.
Mientras la oposición negociaba más ajustes en esa lista, exigía que durante la votación, se vote una a una las empresas sujetas a ser privatizada. También se definía incluir un artículo que ordena al Poder Ejecutivo enviar al Poder Legislativo toda la información correspondiente al proceso de privatización, cuando existan ofertas y estén los pliegos.
Impuesto País
El Impuesto País fue creado en diciembre de 2019, en las primeras semanas de gestión de Alberto Fernández y es un tributo que se percibe en cada compra de dólar oficial por parte de las personas, y también en gastos en dólar con tarjeta y en importaciones.
Según una interpretación por parte de tributaristas, ese impuesto venció el pasado 31 de diciembre del 2023. Por lo cual el oficialismo buscaba prorrogar por un año más. Un cálculo de Nadín Argarañaz, del Iaraf, indica que este impuesto representará el 1,4% del PBI este año.
Pero las provincias buscan que este impuesto sea coparticipable. Es decir, que la recaudación se distribuya a las provincias. El oficialismo descarta esta posibilidad.
Delegación de facultades
La declaración de emergencia pública en las materias económicas, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, por el plazo de un año con posibilidad de prorrogar por un año más (con aprobación del Congreso) era otro de los puntos en negociación.
Este artículo delega facultades que son del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en las áreas mencionadas. La oposición exigía la reducción de las materias.
