Bloomberg — Un alto tribunal argentino está a punto de decidir si los gigantes de los cultivos Bunge Global SA y Viterra Inc. podrán adquirir Vicentin SAIC, una empresa que en su día fue la joya de la corona de la enorme industria procesadora de soja del país.
La decisión sobre Vicentin SAIC se espera para este mismo mes y tiene gran importancia para el comercio mundial de soja, ya que Argentina es el mayor proveedor de harina y aceite procesados. La aprobación de un plan para rescatar a Vicentin, que se declaró en quiebra hace casi cinco años, consolidaría aún más la cuota de Bunge-Viterra en la capacidad mundial de trituración de soja. Mientras tanto, un rechazo abriría la puerta a propuestas competidoras.
Vicentin fue una rara historia de éxito en una Argentina asolada por la crisis, construida durante décadas por la dinastía familiar Vicentin, que se enfrentó al poder de casas comerciales de materias primas como Cargill Inc. y Louis Dreyfus Co. Todo eso se desmoronó en 2019, cuando la empresa dejó de pagar unos US$1.500 millones de deuda y entró en concurso de acreedores, lo que puso patas arriba el sector de la comercialización de cultivos en el exportador de cereales más antiguo de Sudamérica.
Los directivos de la familia Vicentin trataron de mantener con vida a la empresa, obteniendo la aprobación de los acreedores para un rescate que incluía una adquisición de sus activos por parte de Bunge y Viterra, respaldada por Glencore, que están ultimando una fusión. Tras años de disputas legales entre Vicentin y los acreedores hostiles, el destino de la empresa se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Santa Fe, la provincia que alberga Rosario -un centro ribereño para el transporte de gran parte de la soja del mundo- y Avellaneda, la pequeña ciudad donde se fundó Vicentin hace casi un siglo.
Premio Recurso
Si los jueces aceptan la adquisición por parte de Bunge, Viterra y la cooperativa local ACA, el grupo ganaría activos, incluida una participación en Renova SA. Se trata de un recurso muy preciado en el comercio de soja, ya que su planta de Timbúes, en el centro de Rosario, puede moler muchos más granos al día que cualquier otra instalación del mundo.
Viterra ya controla el 67% de Renova. Fue la primera en negociar el plan de rescate con Vicentin, en el que muchos acreedores sólo recuperarían alrededor del 30% de su dinero. Bunge se unió más tarde.
Se espera que la adquisición de Viterra por parte de Bunge, por valor de US$8.200 millones, finalice en los próximos meses. No está claro cuánto escrutinio antimonopolio adicional supondría en Argentina la adquisición de Vicentin.
Para complicar la adquisición se han abierto causas penales contra antiguos directivos de la familia Vicentin, acusados de montar el impago de 2019 para ocultar el fraude. Los ex directivos niegan los cargos. Los casos son un obstáculo porque ponen una traba legal a la venta de la participación en Renova, cuyos ingresos Vicentin necesita para hacer frente a los pagos de la deuda, a menos que se levanten esas medidas cautelares.
Si se rechaza el plan de rescate, es probable que el caso se abra de par en par a un proceso denominado «cramdown», en el que podrían presentarse propuestas competidoras. Bunge, Viterra y ACA no han dicho qué harán en ese caso, pero los acreedores hostiles ya están redactando su propia oferta de adquisición. Esos esfuerzos están siendo liderados por Grassi, una correduría cuya exposición a la factura impagada de Vicentin por 350 millones de dólares de suministros de cultivos sólo va a la zaga de ACA.
ACA y Bunge declinaron hacer comentarios. Viterra no respondió a una solicitud de comentarios.
Por ahora, Vicentin sigue manteniéndose a flote cobrando tasas a Bunge, Viterra y ACA por utilizar sus plantas de procesamiento. En caso de que las empresas pierdan la exclusividad en el proceso de quiebra, Vicentin advierte de que esos acuerdos probablemente terminarían, lo que corre el riesgo de dejarla fuera del negocio. Grassi afirma que las plantas de Vicentin pueden funcionar sin ese apoyo y que sobreviviría a una quiebra prolongada.
Existe un último recurso para impugnar el próximo fallo en Santa Fe: la máxima autoridad legal de Argentina, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
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