“Los camiones no están entregando la mercadería”, manifiesta a un consumidor la cajera de una cadena de un supermercado en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas góndolas exhiben numerosos faltantes de productos básicos. No se trata de un hecho aislado: la situación se repite en otras grandes cadenas.
Así sucede en un escenario en el que la inflación argentina no da tregua y el Gobierno intenta contener la escalada mediante programas como Precios Justos, que en agosto se renovó con aumentos mensuales del 5% por 90 días.
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El incremento se encuentra muy por debajo de lo registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en agosto marcó un récord de 12,4% y que, para septiembre volvería a ubicarse niveles de dos dígitos, según proyecta la mayoría de las consultoras privadas.
A su vez, el último informe del Indec que mide la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total arrojó que una familia tipo necesitó en agosto un monto de al menos $130.590 para no caer en la indigencia y un ingreso desde $284.687 para no ser considerada pobre.
Así, los consumidores no solo deben hacer frente a la suba de precios, sino también a faltantes de productos básicos en supermercados en donde se encuentran vigentes los acuerdos de precios con las grandes empresas del sector alimenticio, mayoristas y supermercados.
El Gobierno niega faltantes
La Secretaría de Comercio remarcó ante Bloomberg Línea que no recibió hasta el momento denuncias de supermercados sobre falta de stock, aunque anticipó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con representantes de la Asociación Supermercados Unidos (ASU) para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Pese a ello, fuentes del sector indicaron a este medio que desde la pandemia se repite la falta de algunos productos, aunque señalaron que desde la última devaluación se intensificó esa situación.
Si bien hay tantos argumentos como cantidad de jugadores en el mercado, hay consenso respecto de que no se da un desabastecimiento, sino faltantes. Desde el sector aseguran que el problema es la suba de costos por encima del tope del 5% autorizado por el Gobierno.
Fuentes del rubro que pidieron no ser mencionadas aseguraron a Bloomberg Línea que hay un desbalance entre costos y precios de los productos de consumo masivo. A ello se deben sumar las restricciones a las importaciones ante un freno en el sistema de autorizaciones.
Una de las empresas remarcó que a pesar de que no hay un número masivo de fábricas que estén frenando la producción, sí se siente una menor variedad en las entregas, lo cual implica un desafío a la hora de rearmar góndolas sin que queden vacías en algunas categorías.
Esto último se torna más complicado en sectores como el lácteo, en el que aseguran que hay una mayor concentración del mercado, ya que una de las principales firmas no solo produce para su marca, sino para las marcas que ofrecen los mismos supermercados.
Más venta a los comercios minoristas
Otra fuente del sector consultada por este medio remarcó que hay un redireccionamiento de las entregas por parte de las alimenticias, que prefieren vender a los comercios minoristas que no están alcanzados por los controles de precios.
Sin embargo, ello se da en un contexto en el que crece la demanda en las grandes superficies, dado que el diferencial de precios con los comercios de cercanía es significativo.