Buenos Aires — El Gobierno de Javier Milei aceleró en las últimas semanas la licitación de la Vía Navegable Troncal, un negocio teñido de sospechas que estima ingresos superiores a los US$300 millones por año y que ya recayó en la Justicia.
Se prevé que en febrero se conocerá el pliego para definir quién proveerá por los próximos treinta años (con posibilidad de ampliar a treinta más) el servicio de dragado y balizamiento de este corredor marítimo por el cual transita más del 80% de las exportaciones argentinas y que conecta cuatro países y siete provincias argentinas con el Río de la Plata y el océano atlántico.
La velocidad de esa decisión es uno de los argumentos que esgrimen en la industria para acusar un presunto direccionamiento para que el pliego lo obtenga la empresa belga Jan de Nul, que integró la sociedad Hidrovía S.A., que operó la vía navegable por veinticinco años hasta 2021. Compañía Sudamericana de Dragados, nombre de la filial local de Jan de Nul, continuó con las tareas de dragado bajo el monitoreo de la Administración General de Puertos (AGP).
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la convocatoria a licitación el 19 de noviembre del 2024. El pliego se conoció días más tarde. Ese pliego sufrió modificaciones clave con el correr de los días. El 6 de enero del 2025, el Ejecutivo resolvió disolver la AGP, que además de administrar el puerto de Buenos Aires fue el ente que en los últimos años controló la hidrovía. En su reemplazo, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que bajo la órbita de Luis Caputo supervisa la licitación en curso.
Según anticipó La Nación el pasado domingo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial), analiza una presentación de una de las empresas interesadas en la licitación que busca impugnar el proceso por presuntas irregularidades.
También anticipó que la Justicia en lo Contencioso Administrativo habilitó la feria para tratar una medida cautelar presentada por la compañía -también belga- Dredging Internacional. El tiempo corre: el 12 de febrero es la fecha límite para presentar las ofertas.
No es la única empresa que busca impugnar el proceso: también la danesa Rhode Nielsen -según publicó Clarín- que en 2022 logró con éxito impugnar la licitación promovida por el Gobierno de Alberto Fernández en un frustrado intento hacia una gestión mixta. Aquella vez, la impugnación fue apoyada también por la empresa china CCCC Shangai Dredging, que esta vez quedó fuera del concurso por un artículo del pliego promovido por la actual administración que excluye a todas las empresas estatales extranjeras. Hay más empresas internacionales interesadas en este millonario y estratégico negocio: las neerlandesas Boskalis y Van Oord.
Además de las impugnaciones de las competidoras, hay presiones de un aliado La Libertad Avanza, el PRO, que respaldan estos reclamos contra la licitación.
El exministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, aseguró que esta licitación parece haber sido hecha “por otro Gobierno”, debido a que “limita la competencia de mercado y generará sobrecostos a los que producen en nuestro país”. En tanto, el bloque de diputados de la Coalición Cívica denunció al Gobierno ante la PIA por “presunto direccionamiento de la obra pública”.
Argumentos en contra del pliego de la licitación
Según fuentes de la industria interesadas en la licitación, que pidieron no ser identificadas, las condiciones del pliego están direccionadas para favorecer a la histórica operadora de la hidrovía.
En las distintas presentaciones, a las que tuvo acceso Bloomberg Línea, se protesta contra el exiguo plazo de 55 días para la preparación de ofertas y que la documentación técnica proporcionada no reúne los mínimos estándares para analizar y ofertar según los requisitos exigidos. Se cuestiona también el tipo de equipos que exigen para las tareas de dragado y balizamiento del río: el pliego exige que deben ser realizadas con equipos propios y/o provistos por el concedente, anulando a aquellos que presenten equipos bajo leasing.
Apuntan también contra los criterios de evaluación financiera, cuyos requisitos demandan un coeficiente de solvencia y de liquidez corriente que hoy favorece a Jan de Nul.
Consideran también que los criterios de evaluación financiera y distintas exigencias son trajes hechos a medida para que la empresa belga, con la experiencia que cosechó en estas décadas, logre los puntos máximos en la mayoría de los puntos que serán evaluados.
