Buenos Aires — El Gobierno argentino inició negociaciones clave sobre el proyecto de ley de 664 artículos que envió al Congreso. Los bloques dialoguistas le transmitieron voluntad para acompañar pero con condiciones. El oficialismo ya reconoció cambios en el proyecto original y aspira a firmar dictamen de comisión a finales de la semana que viene.
Esta semana se inició la discusión en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y participaron ministros y funcionarios de La Libertad Avanza, que ya anticiparon algunos cambios al texto original.
Por caso, este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que eliminarán el artículo 331 que definía una reunión de tres personas como una manifestación que debe ser notificada.
Ante las críticas respecto a las reformas electorales propuestas, y principalmente sobre el sistema de elección por circunscripciones uninominales, el ministro de Interior, Guillermo Francos, dijo que “si no están los votos para tratar la reforma electoral, eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley”.
Además de las correcciones anticipadas para los cambios en los regímenes de pesca y biocombustibles, los diputados oficialistas recibirán a empresarios de estos sectores para discutir la letra chica del proyecto.
La prioridad y la negociación clave
Los bloques opositores dialoguistas aseguran que así como está el proyecto es poco probable que avance y que a los fines de que no se trabe la discusión el Gobierno debe definir prioridades y postergar otros temas para el período de sesiones ordinarias que comienza en marzo.
En esas negociaciones, hay un tema que es clave tanto para oficialismo como oposición: la declaración de emergencia y delegación de poderes. El actual proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de postergarse por otros dos años, a disposición del Poder Ejecutivo.
Esto establece una serie de delegaciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en todas las áreas declarada la emergencia. La oposición negocia reducir la cantidad de áreas y que el plazo sea de un año con posibilidad de prorrogar por un año más pero a disposición del Poder Legislativo. Uno de los arquitectos de este proyecto, Eduardo Rodríguez Chirillo (secretario de Energía) se mostró predispuesto a avanzar en ese cambio.
Para el Gobierno, según dijo una fuente que forma parte de las negociaciones, la prioridad está en lo fiscal e impositivo.
Los negociadores
Son cuatro las principales figuras de La Libertad Avanza encargados de la negociación política en el Congreso: Victoria Villarruel (vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Guillermo Francos (ministro de Interior) y Omar de Marchi (secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete).
Mantienen un diálogo fluido y según pudo averiguar Bloomberg Línea, entre el viernes y el fin de semana volverán a reunirse para realizar un balance de la primera semana de negociación y definir las prioridades del proyecto.
Los bloques dialoguistas
Con 38 diputados, La Libertad Avanza está obligado a negociar para alcanzar las 129 bancas que se necesita para garantizar la mayoría simple. Esos votos los buscarán principalmente en cuatro bloques: PRO (37), UCR (34), Hacemos Cambio Federal (23) e Innovación Federal (9).
