Buenos Aires — El Estado argentino espera recaudar unos US$1.050 millones con la licitación del 5G. Se trata de una cifra inferior a los cerca de US$1.800 millones que, a principios del año pasado, había dejado trascender el Gobierno que obtendría por esa subasta de bandas de frecuencia, que finalmente se realizará la semana posterior a las elecciones.
Tras meses de postergaciones, fuentes del equipo económico informaron que la licitación de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G) se realizará el martes 24 de octubre. Se hará a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la participación de tres empresas: Claro, Movistar y Personal.
La confirmación de la fecha para la licitación fue confirmada por el Gobierno este miércoles, apenas una semana después de que Javier Milei presentara una cautelar ante la Justicia mediante la cual apuntaba a frenar todo acto que comprometa los recursos del Estado. En dicho escrito, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, favorito en las encuestas, mencionaba específicamente su pedido para que no se lleve a cabo la subasta del espectro 5G.
Al proceso de licitación se presentaron tres empresas prestadoras, las cuales ya presentaron las garantías de ofertas y han sido precalificadas como oferentes. Por ello, desde el oficialismo marcan que el mecanismo de asignación está muy avanzado.
Desde el equipo económico, incluso indican que este procedimiento y el valor base se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico.
El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria. En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno.
El despliegue de 5G, marcan desde el Gobierno, constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para los usuarios.