Buenos Aires — El Gobierno argentino pretende que los planes sociales se conviertan en programas de empleo desde 2024. Para ello, oficializará este miércoles en el Boletín Oficial un cambio en el sistema de programas sociales, a fin de que los mismos otorguen capacitación laboral obligatoria, inscripción en bolsas de empleo y tengan un control de contraprestación.
Así lo adelantó ayer el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. “Queremos que las personas dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”, señaló. Los cambios, no obstante, entrarán en vigencia desde el 1° de enero del año entrante.
El titular del Palacio de Hacienda no precisó, sin embargo, si esta decisión afectará a todos los beneficiarios de programas sociales del país. Cabe recordar que según datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), a fin de 2022, el 51,7% de los argentinos recibían algún tipo de asistencia social del Estado. Desde el Ministerio de Economía tampoco respondieron la consulta de este medio al respecto sobre la cantidad exacta de alcanzados por la norma.
Sí detalló Massa, en cambio, que los alcanzados tendrán capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y que tendrán un control de contraprestación. “Es un tema que se ha debatido mucho en la Argentina a lo largo de los últimos años”, recordó.
En paralelo, Massa también anunció la continuidad del programa Puente al Empleo, que otorga beneficios impositivos a las empresas que contraten a beneficiarios de programas sociales. “Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio, pero además para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo”, dijo.
Para el ministro de Economía, “el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente”.
En ese sentido, marcó la necesidad de “generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales”. Y añadió: “Tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad, tengan definitivamente sus oportunidades”.
Integración a personas con discapacidad
Por otra parte, Massa también anunció una “integración” en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. “A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad”, dijo.
Por ello, añadió, desde el oficialismo tomaron la decisión de “eliminar esa barrera”, y “romper esa pared que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo”.
“Desde mañana las personas con discapacidad, beneficiarias de la pensión, que entren al mercado de trabajo no van a perder ni a ver suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo”, expresó.
Denuncian irregularidades en el programa Potenciar Trabajo
Estos cambios llegan apenas una semana después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán denunciara irregularidades del plan social Potenciar Trabajo. Según su investigación, desde 2020 casi 160.000 beneficiarios del programa viajaron al exterior.
Se trata, según expresó el fiscal, de una circunstancia “incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”. Por ello, Marijuán pidió la baja de esos 159.919 beneficiarios que realizaron viajes al exterior y que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa.