Buenos Aires — El Gobierno de EE.UU. instó a un juez federal a no aprobar una oferta de Burford Capital para hacerse con el control de la petrolera estatal argentina YPF SA como parte de los esfuerzos para cobrar una sentencia judicial de US$16.000 millones contra el país latinoamericano.
En una carta enviada el miércoles a la juez de distrito Loretta Preska, de Nueva York, la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan dijo que se oponía a la petición de Burford de conceder a la empresa la participación del 51% en YPF que actualmente posee Argentina.
La propiedad de naciones extranjeras fuera de los EE.UU. no está sujeta a ejecución en los tribunales estadounidenses, dijo un abogado del gobierno en la carta, añadiendo que era una «posición de larga data.» Obligar a Argentina a entregar las acciones «violaría leyes bien establecidas de inmunidad soberana», dijo el abogado.
Preska dictó en 2023 la sentencia que Burford trata ahora de cobrar. Los abogados de Burford no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios.
Incluso si Preska ordena que las acciones argentinas de YPF se entreguen a Burford, no está claro cómo la empresa de financiación de litigios haría cumplir esa decisión. En el pasado, Argentina se ha resistido a pagar sentencias extranjeras, lo que a veces ha perjudicado su capacidad de captar capital en el extranjero.
El caso judicial estadounidense tiene su origen en la confiscación de YPF por parte del Gobierno argentino en 2012. Preska dictaminó que la nacionalización violaba los estatutos de YPF, que obligaban a la empresa a presentar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas.
Argentina está apelando la sentencia de cobro de la jueza, pero no presentó una garantía durante la apelación. Eso llevó a Preska a dictaminar en enero que la sentencia -la mayor jamás dictada por el tribunal federal de Manhattan- estaba sujeta a cobro inmediato, antes de que se resolviera la apelación.
Burford, que pagó US$16,6 millones de dólares para adquirir los intereses de dos grupos que poseían acciones de YPF en aquel momento, puede ganar unos US$6.200 millones si se paga la totalidad de la sentencia.
