Buenos Aires — El Gobierno argentino derogó una serie de decretos que obligaban al Estado nacional a priorizar a las empresas de participación estatal a la hora de contratar servicios: es decir, los organismos públicos ya no tendrán más la obligación de pagar sueldos a través de Banco Nación, de viajar con Aerolíneas Argentinas o de cargar combustible para vehículos oficiales en YPF.
Este cambio normativo echa por tierra, entre otros, el decreto 823/21, firmado por el expresidente Alberto Fernández en 2021, que instaba a la ANSeS a contratar los Servicios de Nación Seguros. Aquella norma fue clave para la supuesta de trama de corrupción que destapó ANSES este año y que involucra tanto a Fernández como a su secretaria, María Cantero, y al marido de esta última, el bróker de seguros, Héctor Martínez Sosa.
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El anuncio del ministro Sturzenegger
“El Decreto 747/24, firmado hoy por el Presidente Javier Milei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y (la agencia de viajes estatal) Optar en las contrataciones públicas”, señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de la de red social X.
Sturzenegger aseguró que “las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos”. Además, el funcionario sentenció: “Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”.
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En relación al affaire Fernández - Martínez Sosa, Sturzenegger escribió: “Se deroga el nefasto Decreto 853/23 que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros. Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un bróker para que logre una contratación que era obligatoria por ley”.
Asimismo, sostuvo que el decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes “con la unidad básica camporista de Optar SA”.
Respecto del Decreto 1187/12, refirió: “Obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación, impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado”
En cuanto al decreto Decreto 1189/12, Sturzengger detalló: “Obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos”.
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Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, todos estos decretos “implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas”.
