Buenos Aires — La Cámara de Diputados comenzó este martes con la votación en particular de la Ley de Bases que fuese aprobada en general el pasado viernes. Entre otros artículos, el oficialismo logró la aprobación de la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, pero con derrotas significativas para el presidente Javier Milei.
La delegación de poderes, que regirá hasta el 31 de diciembre del 2024 con posibilidad de ser prorrogada por un año más, contó con 134 votos positivos y 119 negativos (la ley en general se aprobó con 144 votos positivos). La declaración de emergencia pública, sobre la cual se definen las delegaciones, incluye las materias económicas, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Las derrotas de Milei
En la negociación sobre este artículo, se rechazó la facultad del Poder Ejecutivo para “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal”. El oficialismo buscaba recuperar esta facultad en el capítulo sobre reforma del Estado, en la cual el Poder Ejecutivo consigue numerosas facultades.
Quedó fuera a su vez la facultad para “regular y reordenar el sector energético en función de: la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura”.
El otro inciso de la base de delegaciones que fue rechazado por la Cámara de Diputados es que propone fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo y las privaciones ilegítimas.
En el marco del artículo 5º, que propone facultades para el Poder Ejecutivo sobre administración organizativa, Diputados rechazó el siguiente inciso: “Regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional, conforme la definición del artículo 8° de la Ley N° 24.156, de modo sistemático, coherente y ordenado, en el cual se incluya el contenido de la Leyes N° 22.520 y 19.983. Dicho marco regulatorio deberá contemplar: los principios de actuación y funcionamiento de la Administración Pública nacional; los tipos y clases de los órganos y las entidades que la integran; y (iii) el régimen jurídico de éstas últimas, su modo de creación, funcionamiento y extinción.
Los poderes delegados a Milei
A continuación, un repaso por la base de delegaciones que el Poder Legislativo cede al Poder Ejecutivo si la votación se ratifica en el Senado.
- Promover la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios.
- Establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria; y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado.
- Promover la reactivación productiva mediante: la eliminación de las restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias; y la eliminación de los privilegios de algunos sectores.
- Reorganizar el Sector Público Nacional, definido conforme el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.
- Fortalecer el servicio civil de la Administración Pública nacional. A tal fin se debe establecer un sistema de acceso y ascenso en la función pública a través de la realización de concursos abiertos integrados con jurados jerarquizados, en los que se valore la capacidad y la idoneidad de los postulantes.
- Desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública nacional eliminando, a tal fin, toda gestión dispendiosa en protección de la dignidad de los habitantes de la Nación.
- Ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, sujeta al control cívico, electrónica, eficiente y eficaz, que garantice, mediante la regla de la licitación o concurso público, la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio adjudicación de valor por dinero.
