Buenos Aires — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación de Argentina por un caso de tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años. La decisión, anunciada a través de la lista de órdenes que el máximo tribunal publica semanalmente, deja firme el fallo contra el país sudamericano.
Los acreedores podrán ahora tomar posesión de US$310 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York, y en bancos de Alemania y Suiza, que se formalizará tras un pedido de los beneficiarios ante la jueza Loretta Preska, según precisó el especialista Sebastián Maril.
Se trata de uno de los tantos juicios que enfrenta el Estado Nacional en tribunales extranjeros. Meses atrás, perdió un recurso ante la Corte Suprema del Reino Unido para apelar un fallo que lo obligó a pagar US$1.500 millones en daños a tenedores de bonos en la causa que se conoce como “cupón PBI”.
En el reciente caso, el máximo tribunal estadounidense rechazó la apelación argentina en el caso relacionado con los holdouts y el embargo del colateral de los Bonos Brady, emitidos en la década de 1990 que fueron defaulteados en 2001.
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Los beneficiarios del caso son los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que compraron aquella deuda y que no ingresaron a ninguno de los canjes de 2005, 2010 y 2016. Según precisó La Nación, se cree que representan a menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino.
Cambio clave en el Gobierno de Milei
El Gobierno le exigió este viernes el pedido de renuncia al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, y el funcionario cumplió el domingo, a través de una carta.
Se trata de un rol clave, debido a que es quien representa y defiende al Estado Nacional en los juicios en el exterior. Manuel Adorni, al comunicar el pedido de renuncia, dijo que el lunes se conocería al sucesor, algo que a la hora de esta publicación no había ocurrido.
Fuentes de la Casa Rosada precisaron que la decisión se basó por considerar que Barra no defendió los intereses del Estado por un dictamen con la firma de Barra respecto a los registros automotores y el ajuste en la administración pública.
