Buenos Aires — El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que hubo acuerdo con Nación por el extenso conflicto de coparticipación, con lo que desde el 1º de agosto se cumplirá con la medida cautelar de la Corte Suprema que dispone un desembolso para la Ciudad, equivalente al 2,95%.
La anterior administración nacional había recortado el coeficiente al 1,4% y si bien la Justicia había fallado a favor de la Ciudad, los desembolsos no se habían modificado. Así, la Ciudad dejó de percibir desde el 9 de septiembre de 2020 más de AR$4,8 billones. Antes de la quita de Coparticipación, esos fondos representaban el 25% del total de ingresos de la Ciudad.
“Se va a cumplir con lo que la Corte indica a partir del 1º de agosto, en el porcentaje que dice. Y vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso, el pago de la deuda va a ser parte de la charla. Tenemos la tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión”, sostuvo Macri en declaraciones a la prensa.
El jefe de Gobierno calificó como “muy buena” la reunión que tuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la cual se pudo destrabar los fondos.
“Esto es muy importante, ir juntos a la Corte Suprema a buscar un acuerdo definitivo, que en definitiva es lo que nos va a dar tranquilidad a todos. A la Ciudad y a la Nación”, dijo el Jefe de Gobierno, quien estuvo acompañado por el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo.
Además, remarcó la importancia de respetar “los fallos de la Corte”. “Es importante para un país que intenta atraer inversiones. Para nosotros, es una tranquilidad porque nos permite mantener el funcionamiento y las inversiones de la Ciudad como estaban razonablemente previstas y que juntos vamos a ir a buscar una solución de futuro”, aseguró.
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“A modo de ejemplo, lo que adeuda el Gobierno nacional representa más de 3 años del gasto anual de inversiones en obras públicas y mantenimiento como el de los todos los hospitales, escuelas, luminaria, espacios verdes, red pluvial, semáforos, asfalto. También, más de cuatro años y medio del presupuesto en Promoción Social, que incluye los subsidios a personas de bajos ingresos y para el Subte y los colectivos, la comida de todos los comedores comunitarios, la atención a las personas en situación de calle y el mantenimiento de los paradores, etcétera”, analizó el Gobierno porteño en un comunicado.
El conflicto por la coparticipación
El conflicto por la coparticipación entre el territorio porteño y Nación comenzó en 2016 con la decisión del por entonces presidente Mauricio Macri de transferir a la Ciudad de Buenos Aires los servicios de la Policía Federal y los recursos correspondientes.
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En la transferencia, el Gobierno había decidido incrementar la masa coparticipable transferible a la Ciudad del 1,4% a 3,75%. Sin embargo, en 2018, en el marco del consenso fiscal acordado con gobernadores y aprobado luego en el Congreso, la masa coparticipable se redujo a 3,5%.
En 2020, en el marco de un conflicto en la provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense, que realizó una inédita huelga y protestó en la quinta presidencial de Olivos, el por entonces presidente Alberto Fernández publicó un decreto que reducía la coparticipación transferible a la Ciudad de Buenos Aires para la construcción de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Este decreto fue impugnado por quien ejercía el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo una presentación para declarar su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego de ello, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto que formalizaba ese ajuste y se convirtió en Ley en diciembre del 2020. En su texto ordenó reducir el coeficiente coparticipable al 1,4%, estableció que el monto transferido por los servicios de la seguridad debían ser actualizados trimestralmente tras una acordada entre Nación y Ciudad.
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A su vez, tras la aprobación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una nueva presentación ante la Corte Suprema para que se dicte la inconstitucionalidad de esa Ley y la Corte Suprema convocó audiencias entre ambas partes para alcanzar un acuerdo político que no tuvo éxito. Tiempo después falló a favor de la Ciudad al dictar una medida cautelar.
