Buenos Aires — A través del proyecto de Ley enviado por Javier Milei a la Cámara de Diputados, el Gobierno argentino propone un cambio radical en la Ley de Hidrocarburos, vigente desde 1967. Busca derogar regulaciones sobre los precios y las exportaciones, lo que impactará de lleno en el sector de petróleo y gas de Argentina, que atraviesa un auge debido al progreso de la producción en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.
La primera buena noticia que recibieron los empresarios del sector petrolero es que no habrá cambios en la alícuota del Derecho a la Exportación. Pese a lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la retención del sector petróleo y gas queda sin cambios y seguirá con una alícuota del 8%.
Sin embargo, el principal cambio es que se modifica la Ley 17.319 , y de aprobarse sin cambios estos artículos, el Poder Ejecutivo “no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”. De esta forma, se cortaría con la dinámica que dio origen al barril criollo.
Actualmente, el precio del barril producido y vendido localmente está por debajo de los US$60. El acuerdo alcanzado en agosto por Sergio Massa y las empresas del sector establecía un barril criollo de US$56, que fue aumentando ligeramente, pero sin superar la barrera de los US$60. El Brent - precio de referencia internacional del petróleo - cerró este miércoles a US$79,65.
La intención del Gobierno es ir a un escenario de export parity price (paridad del precio de exportación). Implica que los productores de petróleo reciban en Argentina el mismo precio que perciben a la hora de exportar.
Otra noticia importante que recibió el sector, es que, de aprobarse el proyecto, las empresas “podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente”. El proyecto propone liberar el comercio internacional del petróleo y el gas. Promueve también la autorización de las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa.
La transición no será sencilla. Uno de los limitantes de la exportación de hidrocarburos es la infraestructura de evacuación. Una de las tareas que tendrá a su cargo el actual secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, será resolver la asignación de cupos de exportación a las empresas productoras.
Además, el proyecto fija que en el caso de empresas estatales que las mismas “podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”.
Entre otros cambios, el Gobierno propone sumar entre las actividades relacionadas a los hidrocarburos al procesamiento, que se suma a la explotación, el transporte, la industrialización y la comercialización.
Energía eléctrica y gas
La llamada ley ómnibus propone también la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará y asumirá las funciones del ENRE y el ENARGAS.
En el marco de la emergencia pública que declara el proyecto, propone reestructurar las tarifas del sistema energético “con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar su gestión eficiente y eficaz”.
Y faculta al Poder Ejecutivo a adecuar el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica, “con el propósito de garantizar conforme a las siguientes bases”: “El libre comercio internacional de energía eléctrica, delegando en el agente o responsable que realiza la exportación los mecanismos necesarios a fin de evitar la falta de abastecimiento del mercado interno y bajo condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema”.
Privatización de empresas
El proyecto propone, además, avanzar en la privatización de las Sociedades del Estado y sociedades anónimas con propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional. En la lista, que supera las cuarenta compañías, figuran varias del sector energético.
Entre ellas, la empresa energética más importante de Argentina, por capacidad de producción de petróleo y gas y por tener una participación cercana al 60% en la comercialización de combustibles: YPF S.A.
También aparece Energía Argentina (Enarsa), la empresa encargada de llevar adelante las obras de infraestructura energética y de importar Gas Natural Licuado (GNL) para garantizar el abastecimiento interno en los picos de consumo.
En la lista se suma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresas del Estado y Nucleoeléctrica Argentina S.A.
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”, dice el proyecto.
