Buenos Aires — El Senado de la Nación de Argentina sancionó este jueves una ley que aumentaría las jubilaciones en un 8,1%, mientras que estipula su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC). Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei ratificó su decisión de vetar la actualización, al argumentar que “no está en condiciones de cargarle a los gastos del Estado el incremento que se pretende”.
La postura del Ejecutivo ha sido la misma desde que el proyecto de ley obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, lo que implica que las jubilaciones no tendrán una actualización, como pretendía la oposición, que compense por el desfasaje de las mismas frente a la inflación del 51,33% que se acumuló entre diciembre y enero últimos.
Esto, al menos hasta que el Congreso insista sobre el proyecto de ley y se sobreponga al veto presidencial.
Cómo quedan las jubilaciones con el veto de Milei
Sin las modificaciones que se debaten en el ámbito parlamentario, de acuerdo con lo estipulado, los haberes aumentarán un 4% en septiembre, con lo que la jubilación mínima pasará de AR$ 225.454,42 a AR$ 234.540. Si se vuelve a otorgar el bono de AR$ 70.000, como sucedió el mes pasado, pasarán de $295.454 a $304.540.
El economista Nadin Argañaraz aseguró que “un aspecto clave que el Gobierno debe resolver en el corto plazo es qué dinámica le va a dar a los bonos compensatorios”. “Si, por ejemplo, dejara fijo el valor del bono en $70.000, la licuación que generará la inflación, a pesar que sea baja, va a hacer que el ingreso real de esta importante masa de jubilados, luego de tocar un máximo en este mes de junio, empiece a descender mes a mes”.
“El esquema es simple: lo que implica en plata el crecimiento real del haber es menor que la pérdida de plata generada por la licuación del bono en caso que se mantenga fija en $70.000. Este tema del bono es muy significativo”, apuntó en uno de sus informes.
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La aplicación de la nueva fórmula de movilidad, que se encuentra en vigencia desde julio, también alcanza a las asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), que aumentarían a $84.250,40 en septiembre.
La ley que logró aprobar la oposición busca recomponer puntualmente la pérdida concretada en enero. Ese mes la inflación fue de 20,6% y la suba para jubilaciones y pensiones fue del de 12,5%; el proyecto establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, equivalente al 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
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La iniciativa también contempla que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09 y establece que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes a favor de jubilados.
En una exposición en el Council de las Américas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que el Gobierno “no está en condiciones de cargarle a los gastos del Estado el incremento que se pretende”.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros siete meses de 2024, el poder de compra promedio de los jubilados tuvo una caída de 29,2% en términos reales respecto de igual período del año anterior. A su vez, los haberes mínimos, con los bonos incuidos, registraron una pérdida equivalente a 18,5%.
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El reporte manifestó que esa situación se da “como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos otorgados a los jubilados y pensionados de menores ingresos”.
La consultora LCG analizó que, incluso con la caída de julio, el Gobierno cerró con superávit tanto primario como financiero los siete meses de gestión, explicado en un 32% por la licuación y el recorte en jubilaciones y pensiones. Ello se complementó con un 26% al drástico freno de la obra pública, un 23% por la mayor recaudación del Impuesto País y de Derechos de exportación y 18% por menor gasto en subsidios.
